La existencia de una “ocasión anterior” en que el imputado fuese sorprendido cometiendo esa clase de delitos, no ha sido considerado como una circunstancia agravante por la ley, sino como un requisito, ante el cual el culpable de un segundo evento delictivo de la misma especie, recibe una sanción mayor en lo que a la suspensión de licencia de conducir se refiere, siendo en este caso el de 5 años, refiere el voto en contra.

La sanción establecida por el legislador en el artículo 196 de la Ley 18.290 es una distinta, cual es, la suspensión de la licencia de conducir por dos años, no pudiendo aplicarse una diversa por analogía, por encontrarse ello vedado en materia penal.

La instancia aprobó la idea de legislar sobre una iniciativa previamente analizada por la Comisión de Seguridad Pública y que busca establecer el deber de adoptar medidas de seguridad por parte de las concesionarias.

Yerra el sentenciador al aplicar la suspensión de la licencia de conducir por 5 años, pues por la data de la condena previa, debió excluirse la aplicación del agravamiento punitivo contemplado en la Ley del Tránsito.

El tipo penal se configura en la medida que el imputado no cumpla con una cualquiera de las tres conductas que debía cumplir en el momento de protagonizar el accidente.

Es usual que a bordo de un vehículo ocurran otras situaciones que hacen necesario detenerse en mitad de la calle o autopista, lo cual debe ser realizado con el máximo de medidas de emergencia posibles con el fin de evitar que esto traiga consecuencias mayores, especialmente teniendo en cuenta la velocidad a la que se conduce en ciertos caminos.

De acuerdo al artículo 16 de la Ley de Tránsito carece de la necesaria idoneidad moral quien ha sido condenado por alguno de los delitos a que se refiere dicha norma, por lo que la negativa a otorgarle hora para renovar su licencia de conducir por la Dirección del Transito no es arbitraria ni ilegal.

El acusado intentó anular la condena argumentando que fue condenado con el sólo mérito de su declaración inicial, lo que fue refutado por el máximo Tribunal al indicar la declaración de testigos y funcionarios policiales, que dieron cuenta de la dinámica del accidente, la participación del imputado, su huida del lugar, y la omisión de auxilio a la víctima, acreditan los elementos establecidos por el artículo 196 de la Ley de Tránsito.

Establece una serie de medidas tendientes a prevenir la compraventa de vehículos motorizados robados o hurtados, entre ellas, la obligación del grabado de la patente en vidrios.

El Ministerio Público intentó anular el fallo y solicitar un mayor castigo, debido a que en su opinión los hechos acusados son constitutivos de un concurso ideal de delitos, y no de un concurso aparente de normas penales. No obstante, el máximo Tribunal estimó que en aplicación del principio “non bis in ídem”, debía preferirse la sanción establecida en el artículo 196 Nº2 de la Ley Nº18.290, que subsume todos los resultados en un solo tipo penal.