La información personal contenida en la declaración jurada es una afrenta directa a la dignidad del cónyuge por derecho propio. La información llega al núcleo tanto del testigo como del cónyuge como seres humanos en su momento más vulnerable. Se revelaría información muy sensible y profundamente personal que comprometería directamente el interés de la dignidad del cónyuge de la víctima.

Corresponde al prefecto competente, bajo el control del juez administrativo, determinar, teniendo en cuenta no sólo el contexto nacional descrito, sino también las circunstancias locales, si hay motivos para prohibir una manifestación que presenta un vínculo directo con el conflicto palestino-israelí, independientemente de a qué parte del conflicto pretenda apoyar.

La eliminación provisoria o el cese de la difusión de ciertas direcciones de internet, implica un acto de censura que interrumpe el proceso comunicacional, la concreción del acto de comunicación o, al menos, dada la importancia que reviste Google como motor de búsqueda, lo dificulta sobremanera.

La orden judicial dispuesta por tribunales alemanes se ha aplicado no sólo a las imágenes ya publicadas, sino también podría aplicarse cualquier vídeo futuro. Esto debió tener un efecto disuasorio que los tribunales alemanes deberían haber tenido en cuenta en su razonamiento, pero no lo hicieron. No evaluaron ninguna contribución al debate público.

La mujer que profirió tales palabras tendrá que pagar al afectado 300 euros de indemnización.

Buscan garantizar el pluralismo de los medios y su independencia frente a las injerencias gubernamentales, políticas y económicas. Se contempla la creación del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, organismo comunitario que cuya finalidad será abordar las problemáticas sobre la materia.

Debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión, sin que pueda afirmarse que el término ladrón sea un insulto injustificado que permitiría invertir la prevalencia en el conflicto entre derechos fundamentales en favor del honor, cuando los agravios guardan relación inmediata con hechos anteriores que, con cierto fundamento, hacen dudar del empleo adecuado de los fondos comunitarios.

Las leyes sometidas a escrutinio prohíben a las empresas de redes sociales censurar a los usuarios que expresan sus opiniones políticas, incluso si los estos violan las políticas de la plataforma en el ejercicio de sus derechos, lo que esencialmente limita la capacidad de las compañías para filtrar publicaciones que puedan ser consideradas ofensivas.

Aunque la crítica a ciertos estilos de vida por motivos morales o religiosos no está en sí misma exenta de la protección prevista en el artículo 10 del Convenio (libertad de expresión), cuando los comentarios llegan al extremo de negar a las personas LGBTI su naturaleza humana y van acompañados de incitación a la violencia, entonces se incurre en abuso de derecho.

En lo que se refiere particularmente a los motores de búsqueda, la decisión judicial de desindexar ciertas direcciones respecto de un resultado implicaría una limitación que interrumpiría el proceso comunicacional, pues al vedar el acceso a dicha información se impediría la concreción del acto de comunicación, por lo que ello configura una medida extrema.