Las plataformas han estado utilizando los resultados de búsqueda para influir negativamente en la percepción de la ley por parte de los usuarios”, además de existir indicios de que estarían faltando deliberadamente al respeto a sus propias reglas de conducta y restricciones a la publicidad en beneficio propio.

Ningún derecho es absoluto y su ejercicio tiene como límite los derechos de otras personas, por lo que es necesario reconocer tal premisa cuando de libertad de expresión nos referimos a los fines de proteger otros derechos de igual jerarquía normativa, como son el derecho a la intimidad; a la imagen; el honor y buen nombre.

La participación de los niños en situación de discapacidad auditiva y estudiantes del aula multigrado en las actividades extracurriculares que se adelanten en las instituciones educativas es esencial para la garantía del derecho a la educación, desde sus componentes de accesibilidad y adaptabilidad.

Se afirma que es una buena noticia, que escogieron la muerte por ingresar a un cuerpo militar “matón” en vez de estudiar, son “perros bastardos” y “perras putas”. Tales expresiones carecen de la gravedad injuriante que el tipo penal aplicado reclama. No sugieren actuaciones al margen de la ley o vulneradoras de derechos, que pudieran comprometer la dignidad y el prestigio de la institución, resuelve el Tribunal Supremo de España.

No obstante, las recurridas deben abstenerse de volver a publicar el reportaje, ordena la Corte.

Si el recurrente estima que con las publicaciones realizadas se afectó su derecho a la honra, debe impetrar las acciones civiles o penales pertinentes.

La disposición no brinda ninguna oportunidad para que la persona sancionada presente argumentos en su defensa. En el caso de los solicitantes, simplemente recibieron cartas del jefe de Seguridad informándoles que se les prohibió ingresar al parlamento durante un año. Además, la ordenanza no prevé ningún procedimiento claro para impugnar la medida.

El recurso no puede estar fundado tan sólo en un ejercicio de ponderación probatoria diferente al plasmado en el fallo, porque desconocería la doble presunción de legalidad y acierto de que está revestida la sentencia, como quiera que las conclusiones del juez son, en principio, intocables, salvo la demostración de un yerro apreciativo, evidente y trascendental, que no se mostró.

Exigir que las plataformas revisen el contenido que los usuarios suben a las redes sociales, es inviable y en extremo dificultoso e importa una afectación a la libertad de expresión.

Los derechos a la protesta y a la libertad de expresión para nada deben entenderse en términos absolutos, sino que, por el contrario, pueden encontrar límites en fundamentos tales como la seguridad, el orden público, la salud y moral públicas, como también la protección de derechos y libertades de terceros.