Ni los tribunales ni el Gobierno intentaron justificar la condena del demandante por incitación a la violencia o incitación al odio. Aunque el Tribunal Constitucional se refirió a un “sentimiento de intolerancia” transmitido por el demandante, no examinó la existencia de un contexto político o social tenso o la capacidad de las declaraciones para conducir a consecuencias perjudiciales.

Una demanda por discriminación no es, y no debe convertirse, en una acción por difamación. Las dos se rigen por diferentes consideraciones y tienen diferentes propósitos. Una demanda por discriminación debe limitarse a expresiones cuyos efectos sean verdaderamente discriminatorios. No tiene facultad para decidir acciones por difamación u otras acciones de responsabilidad civil.

Según los antecedentes recabados, ambos opositores murieron en un accidente de tránsito provocado por agentes estatales. Si bien las autoridades cubanas atribuyeron toda la responsabilidad del hecho al conductor, las investigaciones que rodearon el caso fueron duramente cuestionadas dado el secretismo con que fueron llevadas.

Cuando se entablan procedimientos disciplinarios contra un juez, está en juego la confianza del público en el funcionamiento del Poder Judicial. Todo juez que sea objeto de un procedimiento disciplinario tiene derecho a salvaguardias contra la arbitrariedad. En particular, debe tener la oportunidad de que la medida en cuestión sea examinada por un órgano independiente e imparcial competente.

El papel de “vigilancia” de los medios de comunicación es especialmente importante en ese contexto, en el que el periodismo de investigación podría contribuir a que las autoridades sean obligadas a rendir cuentas. Además, los límites de la crítica aceptable son más amplios para un político que para un particular. Esto se aplica aún más al demandante, que no era un político corriente sino un jefe de Estado.

El actor debía proporcionar evidencia que le permita al juez inferir la probabilidad de daño de una magnitud suficiente para superar el interés público en proteger la libertad de expresión del demandado. Además, la legislación exige alguna prueba que permita al juez inferir un nexo de causalidad entre la expresión del imputado y el daño sufrido. Y existe una escasez de pruebas respecto al presunto daño causado.

Si bien la Municipalidad eliminó las imágenes de la niña de sus redes sociales, perdiendo de esta forma oportunidad el recurso, la Corte explicita porqué debe solicitarse autorización para utilizar la imagen de niños y niñas.

La libertad de expresión protege no solo la sustancia de las ideas y la información expresada, sino también la forma en que se transmiten. En consecuencia, incluso si la conducta del solicitante pudiera haber justificado una intervención de las autoridades, estas deben haber sabido que la sanción privativa de libertad se estaba aplicando en el contexto del ejercicio de una libertad fundamental.

No pueden considerarse como una intromisión ilícita si se consideran proporcionadas con la finalidad informativa o valorativa que se pretende en contextos de crítica.

La magistrada dio por acreditado, que el 11 de agosto de 2022, en el portal de noticias www.interferencia.cl Herrera Aguayo, publicó una noticia titulada: “Exclusivo: cae jefe de Inteligencia de Carabineros en macrozona sur por posibles nexos con robo de madera”, e insertó la imagen del general Luigi Lopresti, vistiendo el uniforme institucional y del querellante Cristián Iván Beltrán Alarcón, con ropa de civil.