Los diarios de reuniones solicitados existían y, por tanto, estaban «listos y accesibles». Por lo tanto, la negativa a conceder acceso a los diarios de reuniones había interferido con el derecho de la ONG demandante a recibir y difundir información. La información precisa es una herramienta del oficio de un organismo de control público.

Los tribunales nacionales no equilibraron los derechos en juego de conformidad con la jurisprudencia del TEDH. La injerencia en los derechos del actor no estaba respaldada por razones pertinentes y suficientes, y se había dado un peso desproporcionado a la reputación del político y el bufete. Por lo tanto, los tribunales nacionales excedieron su discrecionalidad (“margen de apreciación”), en violación del artículo 10 del Convenio.

No puede omitirse que verse involucrado en noticias de esta especie pudo haberle causado una afectación, pero lo que debe verificarse es si se trata de una conducta antijurídica por exceder el marco del derecho a la libertad de expresión del demandado, lo cual no ocurrió en el caso concreto.

La actividad de un funcionario público en las redes sociales constituye una acción estatal según la ley § 1983 solo si el funcionario (1) posee autoridad real para hablar en nombre del Estado y (2) pretende ejercer esa autoridad cuando se comunica en redes sociales. La apariencia y función de la actividad de estas redes son relevantes en el segundo paso, pero no pueden compensar la falta de autoridad estatal en el primero.

Entre otras cosas, prohíbe expresamente cualquier forma de intervención en las decisiones editoriales de los medios de comunicación. Los Estados miembros están obligados a proteger la independencia de los medios y garantizar que no haya presiones sobre periodistas y editores para que revelen sus fuentes.

Las expresiones objeto de tutela realizadas en las redes sociales por el influencer son un discurso discriminatorio y de odio contra la población LGBTIQ+ y, en especial, contra la población transgénero y homosexual, que integra un grupo históricamente discriminado y de especial protección constitucional.

La finalidad detrás de esta ley proviene de las crecientes preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la seguridad nacional. Se ha alegado que TikTok y otras aplicaciones similares podrían estar compartiendo información de manera indebida con gobiernos extranjeros, lo que plantea riesgos para la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos estadounidenses.

Al no estar prima facie demostrado el carácter antijurídico y lesivo del obrar de la demandada ni el daño ocasionado u amenaza de su producción, esta Sala considera que la pretensión en los términos propuestos no resulta admisible. Más que prevenir un daño, pareciera buscarse una restricción general y para el futuro, que podría comprometer las propias políticas de uso y control de Instagram.

Una de las principales disposiciones de esta ley es la que obliga a las plataformas en línea a eliminar rápidamente el contenido perjudicial de sus sitios, como el que promueve la violencia o el odio, una medida destinada a proteger a los usuarios de Internet, especialmente a los menores de edad.

Los jueces deben decidir si las plataformas de redes sociales deben ser tratadas como operadores comunes, sujetos a regulaciones limitadas sobre la discriminación de contenido, o si tienen más similitudes con los periódicos, que gozan de una amplia libertad editorial.