Las autoridades judiciales están obligadas a ejercer la máxima discreción respecto de los casos que conocen, a fin de preservar su imagen de jueces imparciales, pero en este caso se conocía ya la existencia de la opinión disidente cuando aquella se refirió al fallo. Además, el órgano sancionador no se sometió al procedimiento disciplinario para sancionar el incumplimiento de la juez a la prohibición de revelar información.

La decisión de la autoridad educativa debe tenerse por proporcionada, pues en caso de ceder se haría prevalecer la intransigencia del progenitor demandante al respetuoso cumplimiento de la normativa por parte del resto del alumnado, cuyo derecho a ver observadas las reglas de vestimenta en punto a la cabeza no puede tenerse por inferior y subordinado al de la individualidad contemplada.

El bien jurídico que se protege con la normativa aplicable, radica, en lo que a la realización de actividades privadas se refiere, en preservar no solo la necesaria objetividad e imparcialidad de dicho personal que puede quedar comprometida con el desempeño de actividades relacionadas con la función, sino en asegurar la dedicación que resulta exigible a los mismos en la normativa que regula su régimen jurídico.

La legislación interna no contiene normas que rijan el alcance y la aplicación de medidas que impliquen el uso de tecnología de reconocimiento facial, así como la ausencia de salvaguardias fuertes contra el riesgo de abuso y arbitrariedad. En el caso concreto, las medidas tomadas contra el actor fueron particularmente intrusivas frente a lo que era su protesta pacífica.

La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo.

En al menos una conversación sostenida por el menor con un tercero se profirieron expresiones de connotación sexual que resultan humillantes, puestas en boca de la menor suplantada, afectando su derecho a la honra, reputación y a la propia imagen.

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en su Pleno de la próxima semana un recurso presentado por el agregador de noticias Menéame contra una sentencia que le condenaba a indemnizar a un ex concejal del PP en Marbella por los insultos vertidos por usuarios en los comentarios a una información donde se le acusaba de haber hecho un gasto excesivo de dinero público en plena crisis.

En ningún caso las manifestaciones que efectuó en un artículo que publicó en la página web de la federación de republicanos podrían estar amparados por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por el carácter irrespetuoso o desmedido de las mismas, refiere el voto en contra.

La solicitud de inmediata eliminación de los sitios que el accionante cataloga como ofensivos implica un necesario juicio de valor preliminar acerca de las consecuencias tanto para el actor como para toda la sociedad, sobre la falsedad o veracidad de la información que el peticionario objeta, y ello, excedería ampliamente el limitado marco prima facie cognitivo propio de la medida que se solicita.

El papel de los autores intelectuales de los hechos, especialmente en las redes sociales, no es una circunstancia menos relevante, dejando en claro que los medios de comunicación mencionados son parte esencial de la empresa criminal que derivó en los espantosos hechos presenciados el 08/01/2023, y en los actos de los días siguientes.