La justicia ampara la singular protección de este principio. La Ley del Derecho de Defensa pretende consolidar esta garantía.
La Aplicación fue anteriormente bloqueada el 9 de octubre de 2020 en Pakistán por no filtrar contenidos «inmorales e indecentes», pero le veto fue levantado después de 10 días.
Los recientes desórdenes públicos acontecidos a propósito del ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél para cumplimiento de una condena por delito de enaltecimiento del terrorismo, han puesto en la picota ciertos delitos, conocidos comúnmente como ‘delitos de expresión’.
“Las acusaciones formuladas por los demandantes en su carta constituyen opiniones críticas que un juez puede esperar recibir en virtud del ejercicio de sus funciones.”
La última petición para legislar al respecto, es del 23 de febrero del 2021, en la que se solicita urgentemente que se le dé prioridad a la prohibición de la terapia de conversión, destacando que 157 mil personas han firmado en apoyo a esta petición.
El tribunal impuso a la denunciada la sanción adicional de capacitar a todos sus trabajadores en materias relacionadas con el derecho vulnerado.
El Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aduce que los jueces son titulares como cualquier otro ciudadano del derecho fundamental a expresar y difundir libremente las ideas y pensamientos por cualquier medio de difusión que no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que esto, rebasa la frontera del derecho a la libertad de expresión, con grave afectación de las garantías de un tercero, susceptible de ser protegidas por parte del juez constitucional.
En esta decisión, el Tribunal difiere de su posición jurisprudencial, en donde se indica que los tribunales determinaron erróneamente una consideración penal a los mensajes despectivos “ACAB” Y “FCK CPS”, sin conclusiones suficientes que justificaran la decisión.
Las causas se relacionan con el caso “D’Alessio Gate”, escándalo político y una causa judicial que investiga si existió una organización bajo el control de agentes o exagentes de inteligencia que habría realizado a partir de diciembre de 2018 actividades vinculadas al espionaje ilegal en los ámbitos judicial, político, empresarial y periodístico.
