Se trata de bienes que no le pertenecen a la recurrida, por lo que afecta la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.
La concesión de la medida cautelar, derivada del ejercicio concreto de la facultad general de cautela concedida a jueces y tribunales, sólo se justifica ante situaciones que se ajustan a sus supuestos específicos: la existencia de plausibilidad legal (fumus boni juris), por un lado; y la posibilidad de lesión irreparable o de difícil reparación (periculum in mora), por otra.
Si bien la mayoría de los Estados miembros de la OEA han abolido la pena de muerte, una minoría significativa aún se aferra a esta forma de castigo. En cuanto a los Estados que mantienen la pena de muerte, existen una serie de restricciones y limitaciones establecidas en los instrumentos regionales de derechos humanos que los Estados están obligados a cumplir de conformidad con el derecho internacional.
La concesión de una medida cautelar en las acciones directas depende de la presencia de dos supuestos materiales, a saber, la plausibilidad jurídica de las pretensiones del actor (fumus boni iuris) y la posibilidad de daño resultante de la demora en la decisión postulada (periculum in mora).
La suspensión nacional determinada en la causa con alcance general comprende todos los actos posesorios, nulidad de los procesos administrativos de deslinde, así como los recursos vinculados a estos actos, y debe producir efectos hasta el fin de la pandemia de Covid-19 o la dictación de la sentencia definitiva de dicho proceso, lo que ocurra en último lugar, salvo decisión posterior en contrario.
Incurrió en una innecesaria y reprochable ausencia de estilo que no se puede soslayar. Ello es así porque esas expresiones desmesuradas son notablemente lesivas del respeto debido al señor juez de primera instancia y exceden sin justificación el ejercicio del derecho de defensa. Pudo recusar al magistrado si consideraba que concurrían razones para hacerlo, y no lo hizo.
La prisión domiciliaria busca proteger no sólo a la mujer por su estado de gravidez y su mayor vulnerabilidad, que en este caso además estaría agravado por la privación de libertad, sino, también, al interés superior del niño por nacer, que evidentemente se encuentra afectado por la situación de su progenitora.
El retardo en el ingreso al recinto no obedece a razones arbitrarias e ilegales, sino a la inexistencia de camas disponibles. Corte Suprema ordena habilitar módulo 117 del CDP de Valparaíso mientras la amparada es ingresada al hospital.
La medida le impuso la prohibición de contacto incluso mediante internet, hecho no respetado por el condenado, quien deberá cumplir 9 mese de presidio.
No existió ilegalidad en la decisión del tribunal, pues escuchó a todos los interesados y actuó conforme a su mandato legal.
