El Tribunal de alzada desestimó la sanción por 20 UTM, aplicadas a la señal pública por el incumplimiento meramente formal de la normativa.
Se acreditó que Gabriel Urenda estaba o debía estar -en conocimiento- de las irregularidades financieras, y que éste se encontraba en una posición organizacional que lo obligaba a impedir su materialización.
Que la infracción conlleve una sanción pecuniaria no transforma ese ilícito en una falta penal o que deba reputarse como tal.
Que las conclusiones del juez a quo no satisfagan al recurrente, no implica que se haya incurrido en alguna infracción.
No se acredita que la actora probó al fiscalizador la subsanación de las observaciones, ni el haberlo efectuado oportunamente.
El Tribunal de alzada consideró que no existió error en la aplicación de la sanción pero, por mayoría, consideró que procede la rebaja de la multa de 100 a 50 UTM, por existir interés público en la información.
Se acreditó que la paciente ingresó en una situación de riesgo de secuela funcional grave, por lo que opera la prohibición absoluta a todo prestador de salud de exigir y/o condicionar su internación.
La reclamante no realizó en forma oportuna la mantención a las líneas eléctricas lo que le impidió advertir la corrosión del conductor que ocasionó la falla.
Explica el fallo que, por consiguiente, antes que una sanción propiamente dicha, la multa diaria que se examina tiene una naturaleza coercitiva, cuya finalidad no es castigar o reprimir la conducta reprochada, sino que busca compeler al administrado para que la adecue al ordenamiento que le rige.
El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal del Consejo Nacional de Televisión, al sancionar a la concesionaria por infringir la normativa que regula los contenidos de emisiones televisivas.
