El artículo 49 del Código Penal regula la posibilidad de sustituir la multa por prestación de servicios como una facultad del juez, no una obligación. La ausencia del imputado indica que no está de acuerdo con realizar los trabajos, informó el recurrido.

La Decimotercera Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el 21° Juzgado Civil de Santiago, en la parte que rebajó la multa.

Se determina que el mensaje publicitario que la empresa difundió en los perfiles de las redes sociales Facebook e Instagram denominados “Biolab & Inmunomed” y “Biolabinmunomed, a través de las piezas publicitarias cuestionadas, no corresponde a la realidad. En consecuencia, se han configurado los actos de engaño denunciados.

Resulta acertado el cuestionamiento de la defensa relativo a que si bien el vencimiento de la calibración de los equipos no había operado al momento en que se tomaron las foto multas cuestionadas, deviene evidente que aquellos no funcionaban adecuadamente, y de allí parte la necesidad de que se pruebe la aptitud de los cinemómetros por medio de los cuales se obtuvo la infracción endilgada a la recurrente.

El sancionado se negó a abordar un vuelo que dispuso la Administración para que los turistas retornaran al territorio nacional, argumentando “miedo insuperable” de contagiar a su abuelo con Covid-19, con quien vivía en la comuna de Curarrehue, situación que no pudo ser comprobada ante la autoridad administrativa ni la magistratura, permaneciendo 117 días más de lo permitido por la Ley Nº21.07 en el territorio insular.

El artículo 49 del Código Penal no distingue respecto de si la exención del apremio sólo opera en el cumplimiento de la pena privativa de libertad que en la misma sentencia fuere impuesta o respecto de cualquiera que el condenado se encontrare cumpliendo.

La Cuarta Sala del tribunal de alzada descartó infracción en el proceso sancionatorio y falta de proporcionalidad en el monto de la multa.

La utilización como factor para fijar el monto de las multas por infracciones laborales del número de trabajadores de la empresa representa un criterio equívoco, producto de una apreciación superficial de lo que es la realidad económica de las empresas, y de ahí que signifique el establecimiento de una diferencia arbitraria por parte de la ley y un incumplimiento de dar una igual protección a todas las personas, refiere el voto en contra.

La denunciada, además, comercializó 5,0 toneladas de cholga sin contar con los documentos que acreditaran el origen legal de las especies hidrobiológicas que vendió, configurando así la infracción descrita en los artículos 65 y 107 de la Ley General de Pesca.

La multa equivale hoy a más de 7.600 millones de pesos y se funda en la sobre extracción de aguas subterráneas del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, esto pese a la disminución del nivel freático en el sector Tilopozo mayor a 25 centímetros.