La naturaleza de la infracción es muy grave puesto que acarrea una pérdida de disposición y control sobre el dato personal de su voz a una persona que ha sido víctima de un delito violento y contra la integridad sexual y que al difundir dicho dato personal existe un riesgo cierto de que pueda ser reconocida por terceros, con los graves daños y perjuicios que esto le ocasiona.

El Tribunal de alzada descartó infracción en el proceso sancionatorio.

El derecho a la legalidad sancionadora implica que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Este precepto, incorpora la regla nullum crimen, nulla poena sine lege, y la extiende al ordenamiento administrativo sancionador.

El Tribunal de alzada confirmó la sanción al descartar infracción al debido proceso en la decisión de la autoridad reguladora.

Se acusó a la compañía de almacenar ilegalmente grabaciones de voz recopiladas con los dispositivos Alexa, utilizados en gran medida por menores de edad para obtener información y realizar todo tipo de peticiones verbales.

No se explica racionalmente la fundamentación de la pena que aplica la Superintendencia, toda vez que aplica la misma multa impuesta por la Dirección Regional, no obstante reconocer que concurre una atenuante y ninguna agravante.

Los clubes deportivos no informaron a la CMF de sus estados financieros en tiempo y forma.

Por seguridad todos los productos eléctricos que se comercializan en el país deben contar con sello SEC, con la certificación de un organismo técnico autorizado por la Superintendencia.

El Consejo multó con 30 UTM a la emisora por omitir la advertencia de inicio del horario de protección al menor, decisión adoptada sin abrir un término probatorio para que el Canal pudiera acreditar sus descargos, acto que infringió el debido proceso reconocido en el artículo 19 Nº3 de la Constitución, y en el artículo 35 de la Ley Nº19.880.

La requirente alega que la aplicación de esta norma vulnera su derecho al debido proceso y adecuada defensa, la igualdad ante la ley, entre otras garantías constitucionales.