La exclusión de prueba es una resolución de enorme importancia para el resultado de un juicio, que es expedida por un juez unipersonal, sobre la base de parámetros flexibles o poco precisos, y en que está en juego la libertad de una persona. Por ello garantizar la oportunidad de recurrir de apelación para que se revise dicha determinación judicial y minimizar el riesgo de error es una exigencia de racionalidad y justicia.

La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución, dictada por el Juzgado de Garantía de Collipulli, que rechazó la pretensión de la defensa de devolver a los imputados al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol, desde donde fueron sacados tras haber participado en una protesta, con retención de gendarmes, el 7 de mayo pasado. Hechos que están bajo investigación del Ministerio Público.

El requirente alega que al negársele el recurso de apelación en contra de la resolución que no excluyó un bien inmueble del concurso, se transgreden sus garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Juzgado de Policía Local de San José de la Mariquina que, además, condenó a la compañía de telecomunicaciones al pago de una multa a beneficio municipal de 4 UTM por infracción a la ley del consumidor. 

La administración de justicia tiene la obligación de dar respuesta a las peticiones que realizan los sujetos procesales dentro de cada proceso. Es decir, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva en el componente de acceso, tiene que responder a las peticiones que realizan los sujetos procesales, con independencia de que estas sean o no favorables a lo que se solicita.

Para que se produzca el siniestro típico es necesario la confluencia de una cadena o sucesión de hechos con relevancia jurídica, íntimamente conectados entre sí, que la doctrina denomina «desgracia accidental». La existencia de un diagnóstico por crisis de ansiedad e hipertensiva, como es el caso, exige un trauma psíquico desencadenante que responda a una causa exterior, de la misma manera que las depresiones pueden ser endógenas o exógenas.

El legislador en pos de una política criminal acorde con un estado democrático, introdujo al artículo 8° un nuevo requisito tratándose de los condenados por delitos contra la propiedad, en especial al condenado por receptación, para que así éstos tengan sanciones ejemplares de cumplimiento efectivo de la pena, y lograr disminuir la reincidencia al agregar un nuevo requisito para acceder a la pena sustitutiva.

La requirente alega que las normas legales impugnadas infringen su garantía constitucional al doble conforme, a la igualdad ante la ley y al debido proceso.

La requirente alega que la norma lo priva de acceder a la segunda instancia lo que transgrede su garantía a la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho al recurso, entre otras garantías constitucionales.

También se impugnan las normas que sancionan al empleador con la nulidad del despido. La requirente alega que son contrarias a la igualdad ante la ley, al derecho a defensa, a un justo y racional procedimiento, y no contribuyen la certeza y estabilidad de las relaciones jurídicas.