El precepto impugnado infringiría el debido proceso, específicamente el derecho al recurso, al impedirse que un tribunal superior revise lo resuelto por el juez de primer grado.
El Tribual de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras de Coyhaique, que ordenó al Fisco (Ejército) a pagar $150.000.000, a hermanastra del fallecido, quien lo crió, y $50.000.000, al padre.
El Tribunal de alzada hizo lugar a la acción cautelar deducida y revocó la resolución dictada el jueves 27 de enero recién pasado por el Juzgado de Garantía de Temuco, ordenando el arresto total del teniente coronel, por considerar que dicha medida garantiza en esta etapa procesal, los fines del procedimiento.
En la especie, no se señala si la persona imputada es portador del virus Covid-19, sospechoso de portarlo, sino que se limita a señalar que incumplió con la orden administrativa vinculada al desplazamiento.
La organización sindical debió reponer con apelación subsidiaria en contra de la resolución que declaró inadmisible la acción de protección en contra la Dirección Regional del Trabajo.
Los hechos que se tuvieron por acreditados en relación al envenenamiento del fallecido no resultan subsumibles a la descripción típica del delito de homicidio en ninguna de las formas que contempla el artículo 391 del Código Penal.
El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, la cual desestimó la demanda de reparación presentada por considerar que la acción se encontraba prescrita, dado que los primeros antecedentes del presunto daño se conocieron en 2014 y la demanda fue presentada el 14 noviembre de 2020.
La negativa a cursar las licencias médicas implicó el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa de parte de la autoridad.
El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le debe.
Si la resolución que ordena el arresto en contra del empleador moroso en el pago de las cotizaciones es inapelable, la resolución que deniega esa medida de apremio debe ser apelable.
