Mediando una parte vencedora en juicio que se encuentra en fase de hacer ejecutar lo juzgado, que ese cumplimiento se realice es el objetivo prioritario del legislador a la hora de diseñar un debido proceso ejecutivo, siendo, en consecuencia, particularmente incompatible con la procedencia ilimitada de excepciones. Así, el debido proceso ejecutivo laboral es eficaz para la verificación del cumplimiento.

No hay la indefensión pues se aplicó el principio del doble conforme. Tuvo la oportunidad de que, ante un tribunal diferente, con una integración de jueces distinta, pudiese probar su inocencia (presunción o estado de inocencia). La ley le permitió entonces al requirente ejercer su derecho a defensa, sin impedir la debida intervención de su abogado para hacer valer sus alegaciones, como de hecho sucedió.

Las infracciones a la LGUC, a su ordenanza general e instrumentos de planificación territorial se sancionan con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra.

No corresponde calificar las “bondades” de las normas, solo resolver si se ajustan a los preceptos constitucionales, para así no inmiscuirse en el “ejercicio de la función pública” que cabe al Congreso. Las apreciaciones del mérito y oportunidad que llevan a la adopción de una u otra fórmula normativa corresponden al legislador.

Al permitir sólo al Ministerio Público recurrir de apelación se afecta el derecho a defensa del imputado, dispensa un trato desigual, injustificado, consagra un privilegio procesal, vulnera la igualdad en el ejercicio de los derechos y la exigencia de un procedimiento racional y justo.
Atenta contra el contra el Principio de Igualdad en desmedro del imputado, que queda impedido de ejercer sus derechos en el proceso penal.