La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso y la tutela judicial efectiva, desde que impide anular los actos viciados y que se retrotraiga el proceso a una etapa anterior al cierre de la investigación en la que pueda presentar una nueva querella o adherir a la acusación fiscal menoscabándose sus derechos como la víctima.

El requirente alega que el precepto impugnado infringe la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad, desde que, al haber sido condenado previamente por el delito de lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar, no puede eliminar sus antecedentes penales, cuya causa le impediría acceder a la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso y, en definitiva, el derecho a la seguridad jurídica, desde que la apelación no se concede en ambos efectos a pesar de que la decisión fue adoptada con vicios que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido en los intereses de la requirente.

La requirente sostiene que el reintegro de los montos que percibió del fondo de desahucio y que se le ordena devolver, en aplicación de la preceptiva legal cuestionada, llevan a que esta normativa produzca efectos contrarios a la Constitución, e infrinja su honra, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. Además, vulneran el principio de Supremacía Constitucional (art. 6, constitucional) y el principio de Juridicidad (art. 7, de la Constitución).

La requirente alega que el precepto legal objetado en base al cual el tribunal le ha retenido un porcentaje de la indemnización provisoria a solicitud del Fisco para responder frente a la demanda que éste interpuso de rebaja del monto de esa indemnización, infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, desde que contraviene el texto constitucional que ordena el pago al contado, en dinero efectivo y antes de la toma de posesión material del bien expropiado.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el derecho de propiedad y el principio de supremacía constitucional, desde que al impedirle al ejecutado objetar la nueva tasación y solicitar una nueva, autoriza al acreedor a recibir o adjudicarse más derecho de propiedad del que le corresponde.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que permite al acreedor recibir más de lo que se le adeuda bajo la venta forzada, en cuanto a pesar de que los inmuebles fueron objeto de tasación por perito designado al efecto, de manera injustificada se permite que el acreedor se adjudique propiedades con cargo a su deuda por un valor menor del real.

La requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el principio de seguridad jurídica y el derecho a ejercer la acción penal, desde que no solo contravienen el Código Procesal Penal, pues por una parte se ha consagrado un procedimiento eminentemente oral, pero, por otra, de forma contradictoria, se establece que se proceda por escrito, llevando en esto la carga procesal y sancionatoria a la parte querellante, sino también vulneran las normas constitucionales que se citan.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a defensa, desde que impone la carga probatoria al demandado, lo que resulta desproporcionado e injusto, en cuanto no sólo se requiere que el ejecutado pruebe un hecho negativo, sino que, además, se exige hacerlo dentro de un plazo breve.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el principio de seguridad jurídica, desde que, a pesar de que SERNAPESCA no ha realizado gestión alguna en el proceso desde abril de 2022, no puede solicitar el abandono del procedimiento, sin que existan una razón que lo justifique.