El requirente alega que las normas legales objetadas infringen el debido proceso, el derecho a recurrir, el derecho a defensa, desde que aplicar un término preclusivo para reclamar la ineficacia del acto de la formalización le impide conocer los cargos por los que se le formalizará, privándolo de poder preparar una adecuada defensa.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso, la igualdad de las cargas públicas y el derecho de propiedad, e invaden las facultades constitucionales de los tribunales de justicia con competencia penal y del Ministerio Público, desde que no hay ningún mecanismo efectivo al que pueda acceder el Banco para suspender su obligación de pago o asegurar que los montos no se pierdan antes de obtener una solución judicial, respecto de un eventual juicio en contra del cliente por el delito de autofraude.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el debido proceso, el derecho a un precio justo, el derecho de propiedad y el principio de proporcionalidad, desde que se rebajó el mínimo de la subasta sin escuchar al ejecutado de forma previa, cuya reducción, le generó un grave perjuicio a su patrimonio al resultar excesivo.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso y la función jurisdiccional, desde que sustrae o deja la competencia de los Juzgados de Garantía, de Juicio Oral en lo Penal y de Policía Local del territorio jurisdiccional a una corporación de derecho privado, la que, por cierto, no es un tribunal establecido por ley.

La Municipalidad de Antofagasta alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección dela ley en el ejercicio de sus derechos y los principios de supremacía constitucional y de juridicidad, desde que no sólo excede la regulación establecida en la Constitución, respecto del principio de publicidad, sino que además limita la posibilidad de reclamar ante los tribunales de justicia, lo que produce una desigualdad y trato discriminatorio del legislador

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, desde que la única instancia que se permite es el reclamo de ilegalidad regulado en la Ley de Casinos, privándole, por tanto, del derecho a recurrir ante la Corte Suprema contra el fallo de la Corte de Apelaciones que falle el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de las resoluciones de la Superintendencia de Casino de Juego.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, desde que de manera arbitraria otorga una solución distinta a la prevista por el artículo 9 de la Ley 18.216, en cuanto esta última refiere que para los efectos de la conversión de la pena inicialmente impuesta, se computarán 8 horas continuas de privación de libertad y la norma cuestionada computa 12 horas

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, la irretroactividad de la ley penal y el principio indubio pro reo, desde que, con ocasión de que a partir del 1 de julio de 2007, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, el delito por el que fue condenado, no se encuentra prescrito, a pesar del tiempo que ha transcurrido. Además, de manera arbitraria no fue sometido a un juez imparcial y ha sido juzgado conforme a un procedimiento carente de garantías procesales mínimas, que si se le reconocen a los que se juzga de acuerdo al nuevo proceso penal.

El Servicio de Salud de O’Higgins alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que de manera arbitraria le impide a los empleadores contra los cuales se decreta una medida cautelar que la misma sea examinada por los tribunales superiores de justicia, quedando, por tanto, en una situación de menoscabo respecto a la contraria.

Alegó que las normas legales objetadas infringen el principio democrático, el derecho a sufragio, la garantía del debido proceso y la garantía de autorización judicial previa, desde que permiten que, sin control judicial previo, y por medio de actos administrativos y comunicaciones entre autoridades, se suspenda el derecho a sufragio y luego se inhabilite para ejercer un cargo democráticamente electo, todo sin que exista condena alguna y cuando aún está amparado en la presunción de inocencia.