La Corte Suprema acogió el recurso de protección deducido por el extranjero que acusó el rechazo de su solicitud por incumplimiento del plazo de 24 meses para dicho trámite, en circunstancias que ingresó al país con visa de responsabilidad democrática y antes de la entrada en vigor de la Ley Nº21.325, por lo que sólo se le debió exigir el término de 12 meses para la postulación, plazo que el recurrente cumple en la especie.

Lo que se reprocha en el recurso es la falta oportuna de la decisión definitiva, en virtud de lo cual es procedente que la autoridad encargada adopte una decisión terminal a la brevedad, aun cuando la visa temporaria permite efectuar una serie de trámites en situación regular.

La Sexta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido al sancionar a la aerolínea sin haberle dado la posibilidad de ser oída. 

La demora se aparta del trato igualitario que debe otorgarse a los solicitantes, con el perjuicio natural que ello les origina al no contar con la solemnidad que les dé la certeza necesaria que, como extranjeros, deben tener sobre la residencia permanente en Chile.

La interpretación errónea de las normas en juego por parte del Servicio provoca la masiva judicialización de este tipo de causas, según consta en los registros de ingreso de la Corte Suprema.

No obstante, aún cuando la legislación actual es clara, existe una problemática que se ha mantenido y que se materializa en las dificultades que otros órganos públicos y/o privados colocan a los extranjeros durante la espera de pronunciamiento de la permanencia definitiva, cuestión que legitima pasivamente a dichas entidades para ser objeto de esta acción constitucional.

Sobre todo considerando las graves consecuencias que conlleva la orden de hacer abandono del país, ya que el amparado ha acompañado antecedentes que demuestran su arraigo familiar y social.

El reclamante intentó dejar sin efecto la expulsión invocando el arraigo familiar que posee en el país, al tener una pareja y un hijo chileno, argumento desechado por el máximo Tribunal que declaró; “(…) el arraigo que pueda tener en nuestro país el hijo del actor, no puede ser una excusa para soslayar normas específicas dispuestas en nuestro ordenamiento jurídico en aras de la protección de un bien jurídico colectivo, como lo es la seguridad de las personas”.

La amparada hoy es madre de un niño chileno, conformando un grupo familiar junto a su pareja, a quien se le ha concedido la permanencia definitiva, elementos todos inexistentes a la fecha en que se dispuso la expulsión.

El máximo Tribunal confirmó el fallo de la Corte de Chillán, que consideró vulnerada la igualdad ante la ley por la negativa del Servicio Nacional de Migraciones a tramitar la carta de nacionalización, a partir de un errado informe de egresos del país, ya que el actor nunca perdió su calidad de residente definitivo.