El recurrente lleva más de seis años viviendo en el país, paga impuestos, está adscrito a una Isapre y cotiza en una A.F.P. Además, en estos años ha hechos varias solicitudes a la autoridad y tiene una hija chilena
Se trata de información de naturaleza pública, respecto de lo cual no se alegó la concurrencia de causales de secreto o reserva que justifiquen la denegación de lo pedido.
El artículo 9, N°4, de la Convención de los Derechos del Niño, dispone las medidas que deben adoptar los Estados en caso de expulsión o separación de los padres, pero esto no impide la adopción de esta medida cuando se encuentra justificada.
A pesar de encontrarse en el país dos hijos chilenos, y contar con vínculo familiar dependiente económicamente de él, la gravedad del ilícito penal hace que se encuentre en un listado que permite medidas como la descrita.
El único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país, es la cédula de identidad. Si la nueva ley ha contemplado una norma específica, que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, pueden efectuar sin limitación trámites o solicitudes en establecimientos públicos.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que acogió el recurso de protección y, tras analizar una serie de situaciones similares que han llegado al máximo tribunal, dispuso que el servicio deberá regular, vía instructivo o protocolo, la aplicación de los preceptos involucrados en la materia.
En dicha circular se posibilitan vacaciones de residencia temporaria de hasta dos años a los nacionales de los Estados partes, las que pueden transformarse en permanentes, mediante una presentación dirigida a la autoridad migratoria chilena.
Reclamante renunció voluntariamente a la nacionalidad chilena en el año 2001 luego de adquirir la nacionalidad estadounidense, por lo tanto, en atención al inciso final del artículo 11 de la Constitución, su rehabilitación sólo podrá efectuarse por medio de una ley.
Al no adoptar las medidas para iniciar de inmediato el procedimiento para dar trámite a la solicitud, con la celeridad que el caso amerita, el Servicio infringe el deber impuesto por la normativa sobre protección de refugiados.
La revocación de un permiso de residencia, aún tácito, constituye, junto a la expulsión, uno de los actos de mayor gravedad que impone el ordenamiento jurídico migratorio respecto de los extranjeros.
