La acusada, para ejecutar su plan de manera cómoda y sin posibilidad de defensa, se aprovechó de las importantes limitaciones que afectaba a su marido.
Suicidio asistido
Países Bajos no actúa ilegalmente al prohibir el suicidio asistido, ya que debe proteger el derecho a la vida, resuelve Tribunal de la Haya.
¿Qué países han legalizado el suicidio asistido?
No se vulnera la libertad de expresión al condenar a un médico que difunde información sobre el suicidio asistido en un país que penaliza la eutanasia, resuelve el TEDH.
Tribunal de Apelaciones de Génova absuelve a dos activistas italianos acusados de suicidio asistido por ayudar a morir a enfermo de esclerosis múltiple.
Por tratamiento de soporte vital debe entenderse no sólo la dependencia a una máquina, sino cualquier tratamiento médico cuya interrupción conduzca a la muerte de la persona, aunque no sea rápidamente.
Los 7 países del mundo donde la eutanasia es legal y lo que sucede en América Latina.
España se vuelve el primer país de tradición católica en aprobar una legislación que garantiza a las pacientes terminales el acceso tanto a la eutanasia (administrada por un médico) como el suicidio asistido (en el que el paciente recibe los medicamentos con los que podrá poner fin a su vida).
Corte Constitucional de Portugal declara inconstitucionalidad de ley que despenaliza la eutanasia.
El texto aprobado por el Parlamento prevé que las personas mayores de edad, de nacionalidad portuguesa y que vivan en el país y que se encuentren en una situación de sufrimiento extremo, que presenten lesiones irreversibles o que estén afectados por una enfermedad incurable puedan recurrir al suicidio asistido.
España legaliza la eutanasia y el suicidio asistido.
La norma prevé que toda persona con «enfermedad grave e incurable» o padecimiento «crónico e imposibilitante» pueda solicitar ayuda para morir y así evitarse «un sufrimiento intolerable»
Parlamento portugués aprueba ley que despenaliza la eutanasia.
La ley pasará al Presidente Rebelo de Sousa, a partir de la segunda semana de febrero, para firmar la moción y promulgarla, someterla a revisión de la Corte Constitucional o vetarla. Tiene 20 días de plazo para esta consideración.