En caso de detectarse irregularidades se impondrán las multas correspondientes al empleador (si se pretende obtener la nulidad del procedimiento sumarial es necesario recurrir a los Tribunales de Justicia).

El recurrente conserva la totalidad de los derechos para ejercer su defensa; tales como formular descargos, defensas y pruebas e incluso, impugnar el acto terminal si lo estima pertinente.

El requirente estima que la medida aplicada afecta su garantía a un debido proceso.

El reclamante alegó que la Política de Recursos Humanos municipal establecía que para esos casos sólo era válido instruir un sumario administrativo, argumento que fue desestimado por la Corte.

No se puede reformar la sanción en perjuicio del reclamante, pues se vulnera el principio de “reformatio in peius”.

Se controvierte la razonabilidad de la extensión del procedimiento, lo que constituye una vulneración del derecho fundamental de la igualdad ante la ley.

El Tribunal de alzada desestimó la acción al establecer que el organismo contralor actuó en el marco de sus atribuciones legales.

No fue la institución recurrida quien divulgó la información personal de la afectada. Sin perjuicio de eso, se ordenó tomar los resguardos para que, en lo sucesivo, los funcionarios de Gendarmería a cargo de investigaciones sumarias actúen conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.628.

Luego de su declaración como testigo el instructor cambio su calidad a inculpado y decretó como medida provisoria la suspensión de sus funciones, lo que ajusta a derecho resuelve la Corte Suprema.

El informe técnico cuestionado fue elaborado por la Comisión Médica de la PDI (órgano compuesto por 5 especialistas) y se encuentra debidamente motivado.