Si bien no es ilegal ni arbitraria la extensión de los plazos para investigar, no es menos cierto que en virtud de la certeza jurídica que nos debe proveer el derecho, se hace necesario que esta investigación administrativa llegue a su fin y se dicte el acto de cierre.

El requirente alega se infringe su derecho de acceso a la información pública, y con ello la igualdad ante la ley y el debido proceso.

En un plazo de 10 días debe ordenar la apertura de nuevo sumario, reincorporar al recurrente y pagar las remuneraciones devengadas durante el período que estuvo separado de su cargo.

El máximo Tribunal dispuso que la recurrida deberá concluir la etapa de investigación del sumario seguido en contra del actor dentro del plazo de 30 días.

El requirente alega que se infringe su derecho de acceso a la información pública, y con ello la igualdad ante la ley y el debido proceso.

En el procedimiento sumario se dispuso la medida para esclarecer los hechos.

La actuaria del sumario administrativo cuenta con atribuciones de ministro de fe, por lo que puede certificar aquellas circunstancias solicitadas por el actor.

Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

La dilatación del arbitrio vulnera la igualdad ante la ley del administrado, así como los principios de celeridad e inexcusabilidad contenidos en la Ley N°19.880.

La recurrente buscaba anular un sumario en su contra, omitiendo realizar peticiones concretas y exponiendo erróneamente los derechos fundamentales supuestamente vulnerados.