La sanción aplicada se impuso con estricto apego a las normas que prescribe la Ley N°20.529.
La Superintendencia de Educación al conocer reclamaciones administrativas en contra de sus sanciones solo puede pronunciarse sobre las peticiones que formule el reclamante.
Al realizarse la fiscalización, el reclamante ya detentaba la calificación de sostenedor de la escuela, por lo que le corresponde velar por el cumplimiento de los requisitos de infraestructura del establecimiento educacional.
El Tribunal de alzada anuló la resolución exenta, tras establecer el actuar ilegal de la superintendencia por infracción al debido proceso.
La reclamación fue interpuesta fuera del plazo que prescribe el artículo 83 de la Ley N°20.529.
El reglamento contempla un procedimiento y un protocolo de acción insuficiente e incompleto contrario a los deberes prescritos por el Ministerio de Educación.
Carece de fundamentación suficiente, ya que consigna solo declaraciones genéricas y se limita a describir la normativa aplicable, sin mencionar el criterio que fue adoptado para determinar que debía marginarse a los alumnos afectados.
El Tribunal de alzada estableció que la autoridad recurrida excedió sus atribuciones al aumentar la resolución sancionatoria impugnada por el colegio, consistente en la privación temporal y parcial de la subvención de un 1% por un mes, aumentándola a un 3% por dos meses.
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