Ley N°21.226.
No procede el abandono del procedimiento si los fundamentos materiales hicieron imposible cumplir con la notificación de auto de prueba atendida las consecuencias derivadas del estado de excepción constitucional.
Al decretarse el abandono del procedimiento se incurrió en error de derecho, toda vez que se aparta de la hipótesis que cimenta dicha figura jurídica, destinada a sancionar al litigante negligente, lo que no ocurrió en la especie.
La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Puerto Montt, que revocó aquella de base que no dio lugar a un incidente de abandono del procedimiento.
El actor presentó una demanda ejecutiva en contra de la Municipalidad de Quinchao para el cobro de una factura emitida el 1 de abril de 2019. El día 29 de octubre de 2020 la parte ejecutada solicitó el abandono del procedimiento, fundado en que la última resolución recaída en una gestión útil tendiente a darle curso progresivo a los autos fue realizada el 5 de febrero de 2020, cumpliéndose el plazo de seis meses para declarar el abandono del procedimiento.
El ejecutante se opuso al incidente y expresó que en el período indicado se encontraba vigente el Estado de Excepción Constitucional, rigiendo respecto del proceso el artículo 3° de la Ley N°21.226, existiendo dificultades de desplazamiento por las restricciones sanitarias dispuestas, por lo que no ha existido abandono de la acción deducida.
Temas
Te puede interesar
Recurso de casación en el fondo acogido.
La demanda ejecutiva se dedujo antes que iniciara su vigencia la Ley N°21.226 por lo que el estado de excepción constitucional de catástrofe no interrumpió el plazo de la acción ejecutiva.
Recurso de casación en el fondo acogido.
Procedimientos iniciados con anterioridad a la vigencia del estado de excepción constitucional no son objeto de la interrupción del plazo de prescripción que indica la Ley N°21.226.
Recurso de casación rechazado.
La libertad de expresión no ampara el insulto. El insulto por redes sociales no es amparado por el derecho fundamental de la libertad de expresión, resuelve el Tribunal Supremo de España.
