El órgano de la Administración argumentó su negativa en la falta de personal disponible para satisfacer la solicitud cursada, en razón del volumen de la información que se pedía analizar y el tiempo necesario para ello.
El organismo intervino tras negativa de la Superintendencia de Salud a la publicidad de antecedentes asociados a procesos de fiscalización o auditorías por empresa fundamentales para su supervisión.
El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar, tras establecer que el actuar de Gendarmería se ajusta a derecho y a las facultades que posee para proceder a la reubicación de los internos, de acuerdo a un plan que buscan evitar el hacinamiento de la población penal.
La resolución no configura una perturbación o amenaza al derecho a la libertad personal y seguridad individual del actor.
El máximo Tribunal suspendió la medida de apremio por tres meses.
La orden de detención se decretó en conformidad al artículo 127 del Código Procesal Penal.
Los recurridos justificaron la situación que diferencia al amparado de los demás imputados en la causa respecto de quienes no existen antecedentes suficientes que justifiquen la prisión preventiva.
El recurrente padece de esquizofrenia paranoide, lo que constituye un antecedente que permite presumir su inimputabilidad y justifica su internación provisional en un establecimiento asistencial.
El Ministerio Público debe cumplir las cargas procesales que le impone la ley si su suspensión lesiona las garantías básicas al debido proceso del imputado.
La Ley N°19.970 no es aplicable a menores de edad, ya que vulnera el principio de mínima intervención y perturba la futura reinserción social de los adolescentes.
La Segunda Sala del Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción cautelar deducida y confirmó la resolución dictada el 30 de enero pasado, que decretó la prisión preventiva del exsuboficial del GOPE.
