El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso y la función jurisdiccional, desde que sustrae o deja la competencia de los Juzgados de Garantía, de Juicio Oral en lo Penal y de Policía Local del territorio jurisdiccional a una corporación de derecho privado, la que, por cierto, no es un tribunal establecido por ley.
Polla Chilena de Beneficencia solicitó el bloqueo, argumentando que las casas de apuestas deportivas desarrollan una actividad regulada por ley, vulnerando el derecho de propiedad que posee el recurrente respecto de las apuestas deportivas online. Algunos de los sitios bloqueados son patrocinadores de diversos clubes de fútbol, e incluso el campeonato local de primera división.
Lo anterior tiene respaldo jurídico en su Dictamen N°110/11 del 2004 y Ordinario N°0926/2014, como en el Dictamen N° 39.353/2004 de la Contraloría. Sin perjuicio de ello, aclaró nuevamente aspectos de la Ley 21.436 (que promueve la igualdad en la conformación de los planteles femeninos y masculinos).
La sentencia del Tribunal Constitucional, además de examinar las garantías y conceptos constitucionales involucrados, sostiene que “… el sólo hecho que el apremio esté justificado en el orden público económico frente a vulneraciones contrarias a la libre competencia permite desechar (…) la presunta afectación de la garantía de la igualdad ante la ley”.
La conducta denunciada vulneró el derecho igualdad de la recurrente, al dársele un trato discriminatorio respecto de los demás clubes de fútbol que descendieron de categoría entre los años 2012 a 2018, como también el derecho de propiedad.
Las peticiones del Club deben ser presentadas ante los tribunales pertinentes y no en sede de protección.
El Tribunal de alzada ratificó en todas sus partes la sentencia, dictada por el 25° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda por falta de pruebas.
El texto busca establecer una medida de equilibrio en el reparto de los ingresos provenientes del fútbol, como una forma de disminuir la brecha en las capacidades económicas entre la práctica del fútbol profesional y el amateur. Durante el debate se adelantó que se presentarán una serie de indicaciones.
El máximo Tribunal consideró que la mencionada cuota de incorporación constituye una barrera de entrada al mercado relevante y un acto exclusorio para clubes que han ganado su derecho deportivo a ascender de división.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La gestión pendiente incide en autos laborales, seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.
