El máximo Tribunal consideró yerro en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al ordenó el pago total de las rentas tras la declaración del término del contrato de arrendamiento.
Recurrente pidió que se le reconociera el pago de las rentas adeudadas, pero no desarrolló argumentos tendientes a desvirtuar el obstáculo sufrido por el arrendatario al no poder utilizar la cosa arrendada por las restricciones de movilidad impuestas por la autoridad sanitaria.
Al interpretar la norma del artículo 1932 del Código Civil, el máximo Tribunal entiende que durante los meses de abril a agosto del año 2020 el arrendatario no pudo ocupar una oficina arrendada debido a las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria.
Recurrente no invocó infracciones al artículo 6 de la Ley 18.101, y en su lugar argumentó el cese del contrato, cuya terminación anticipada ya era un hecho inamovible para el Tribunal.
Recurrente no acreditó que los supuestos errores de derecho cometidos por los jueces de fondo, hayan influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
Al contrato de arriendo de la estructura publicitaria le es aplicable el artículo 1 de la Ley N°18.101, en relación con el artículo 586 del Código Civil
La omisión de estos medios de prueba, dada la naturaleza especial de la norma, configura la causal de impugnación del artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento Civil.
En la especie, lo que ocurrió fue el arrendamiento de cosa ajena, configurándose la acción del artículo 7 de la Ley N°18.101, la cual no fue ejercida por la demandante.
Lo expuesto por la recurrente debe ser analizado en un procedimiento de lato conocimiento.
El acto fue celebrado en 1989 por un plazo de 99 años, por lo que procedía su revisión a la luz de la Ley N°19.253.
