El acusado circulaba en un vehículo denunciado por robo, sin las placas patentes, y al notar la presencia policial arrojó al piso del automóvil la pistola que portaba. Al registrar el vehículo, los funcionarios encontraron una escopeta recortada y un arma de fogueo en el maletero.

El Tribunal desestimó, con costas, las imputaciones al no lograr los acusadores, Ministerio Público e Instituto Nacional de Derechos Humanos, probar la comisión del delito y, consecuencialmente, la participación de los acusados en los hechos.

La ley 21.500, que se encuentra en proceso de redacción de su reglamento, tiene como finalidad que exista un criterio unificado entre las distintas instituciones estatales, para dar más celeridad a la búsqueda de personas extraviadas. Además, establece la obligación de recibir la denuncia y la realización de diligencias dentro de las primeras 24 horas de la denuncia.

La medida cautelar personal impuesta al imputado, conforme al artículo 137 del Código Militar, podría amenazar su seguridad individual.

Fue sancionada por mala conducta, con ocasión de haber sido detenida en situación de flagrancia en una tienda comercial.

La Tercera Sala del máximo tribunal confirmó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la parte que estableció la responsabilidad del Estado por la falta de servicios en el actuar policial en el control de un manifestación pública, pero estableció error de derecho al conceder parcialmente lo pedido por concepto de lucro cesante.

Mediante una resolución, se solicitaron medidas de apoyo a la gestión policial y a la protección de Carabineros. En particular, se expresó solidaridad con la familia del sargento segundo Carlos Retamal, así como de otros mártires de la institución.

La materia investigada excede de las competencias institucionales de Carabineros, no siendo procedente la investigación de la vida personal e íntima y sus vinculaciones afectivas, con fines disciplinarios.

Las suspensiones del tránsito exigen una respuesta inmediata de Carabineros para salvaguardar el orden público, respuesta que, debido a su transitoriedad y movilidad, impiden un registro y planificación previa.

El máximo Tribunal descartó error en la sentencia que aplicó la agravante de la alevosía en la calificación del delito.