Al efectuar un control de identidad en el que el particular ya había exhibido su cédula de identidad, el imputado rehusó devolver el documento y por medio de la fuerza traslado a la comisaría a la víctima sin motivo justificado, causando lesiones al detenido.
El Tribunal decretó la absolución de Ríos Verdugo por la insuficiencia de las pruebas presentada por la fiscalía y la parte querellante.
Los hechos denunciados no constituyen privación, perturbación o amenaza del derecho a la libertad personal y seguridad individual de la persona en cuyo favor se recurre.
Se controvierte la razonabilidad de la extensión del procedimiento, lo que constituye una vulneración del derecho fundamental de la igualdad ante la ley.
En la audiencia de discusión del sobreseimiento, la magistrada acogió la solicitud en atención a que en el proceso base se estableció que el carabinero imputado como autor del delito de homicidio, obró en legítima defensa, por lo que mal podría tener Yáñez Reveco responsabilidad en hechos no constitutivos de delito.
La Dirección de Pensiones de la institución había considerado el plazo de prescripción de dicha acción desde que tuvo lugar la notificación del retiro temporal del ex uniformado, puesto que desde ese momento el funcionario se entendía desvinculado, lo que sólo fue ratificado con el retiro definitivo.
Una resolución aprobada por la Cámara pide al Gobierno enviar una ley que mejore las condiciones de la policía uniformada e incentivar por esa vía el aumento de las postulaciones de nuevos efectivos a dichas instituciones.
Rechazar la solicitud de traslado efectuado por una funcionaria de la institución sin atender a su situación familiar ni al informe favorable emitido por el Jefe de Zona que la misma autoridad había solicitado, configura un actuar arbitrario.
En la audiencia de formalización, el magistrado ordenó el ingreso de Rodríguez Carvallo al Centro de Detención Preventiva Santiago I, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.
El texto, en segundo trámite, avanza en modernizar el delito de asociación ilícita, regula de forma sistemática y orgánica las técnicas especiales de investigación, extiende el alcance de estas técnicas a todos los casos de criminalidad organizada y amplía medidas especiales para víctimas y testigos.
