Empresa demandada venía condenada a pagar más de un millón de pesos a título de daño emergente por la venta de un departamento con deficiencias estructurales, en circunstancias que por dicho ítem el demandante sólo pedía el resarcimiento de $530.000.-
El SERNAC demandó colectivamente a una empresa inmobiliaria por incluir cláusulas abusivas en contratos firmados por los consumidores con sociedades filiales de la demandada pero que no fueron emplazadas en juicio, por lo que se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la empresa.
El CBR de Mariquina, rechazó cancelar las inscripciones especiales de herencia de tres inmuebles excluidos de un inventario de posesión efectiva, al observar que no concurrió en la solicitud un tercero interesado que se encuentra litigando las mismas propiedades con los peticionarios; decisión que fue confirmada por el máximo Tribunal.
La empresa solicitó el registro de una nueva marca de vinos, pero no acreditó que su solicitud no fuera coincidente con una marca previamente registrada, y al alegar infracciones a las reglas probatorias de la sana critica no indicó cuál de ellas se habría infringido.
La recurrente construyó su argumento de nulidad sobre la base de nuevos hechos que desconocen aquellos asentados por el tribunal, por lo que el arbitrio fue desestimado y la actora debe restituir el inmueble reclamado, al no poder acreditar título o antecedente que justifique la ocupación.
La pérdida de confianza por motivos políticos sobrepasa los márgenes de lo que ha de considerarse discriminatorio para efectos de presentar una acción de tutela, pues se trata de empleos que la ley excluye de la carrera funcionaria, y no existe para tales trabajadores la expectativa de permanecer en el cargo por la mera consideración de su desempeño.
La sola interposición de la demanda para interrumpir dicho plazo, pondría al demandante en una posición de control de cuando dar a conocer al demandado un litigio que le es desfavorable, por lo tanto, la ley otorga al demandante una serie de herramientas para que de a conocer a la contraparte el contenido de la acción impetrada.
El recurrente demandó la nulidad de ocho resoluciones del SEREMI de Bienes Nacionales regularizaron un inmueble sin comprobar que los solicitantes cumplieran con el plazo de posesión exigido en el D.L, N°2.695, hecho del que se sigue la cancelación de las inscripciones dominicales; acción que no prescribe en los términos ordinarios del derecho civil.
La recurrente quiso anular una escritura pública de partición respecto de un bien raíz indígena, pero en su libelo de nulidad invocó infracciones legales diferentes a las que persiguió durante el juicio, motivo por el que el máximo Tribunal desestimó el arbitrio.
A pesar de los negativos informes previos en cuanto a la seguridad y prontitud de respuesta de los servicios de emergencia, la Intendencia Regional autorizó la marcha sin ser capaz de asegurar la integridad física de los asistentes ni de terceros externos a la manifestación, de la cual se siguieron una serie de desmanes, entre ellos, el siniestro que produjo el deceso de la víctima.
