El máximo Tribunal estimó que la magistratura omitió ponderar la prueba testimonial y los correos electrónicos entre las partes, que daban cuenta de la existencia de un acuerdo para que la demandante se hiciera cargo de la administración de un inmueble, del cual obtuvo beneficios económicos para el demandado, que fue condenado a pagar $6.000.000.- en honorarios adeudados en favor de la actora.
La abogada hace referencia a tareas extrajudiciales de las cuales no hay registro; sin embargo, en función de la valorización de la profesión, la lógica expectativa de la retribución por su labor y en pos de un adecuado servicio de justicia, resultaría injusto no retribuir su puesta a disposición para prestar el servicio.
Las consecuencias procesales de haber omitido resolver son diferentes, en caso de resolución interlocutoria o sentencia definitiva. En el primer supuesto, no se podrá subsanar el vicio por vía del artículo 273 del Código Procesal, pues dicho precepto prevé el supuesto de omisiones de la ‘sentencia’, renaciendo el principio que impide pronunciarse sobre capítulos que no fueron decididos en primera instancia.
El ejercicio de la profesión de abogado se presume oneroso e importa una verdadera locación de servicios. Ello implica un contrato consensual que se materializa por el simple acuerdo de voluntades, sin necesidad de forma alguna, en tanto que el estudio de la relación jurídica debe hacerse a la luz de lo normado por el Código Civil y Comercial. Para su perfeccionamiento tampoco se requiere entrega o tradición de ningún objeto.
La demora en resolver no resulta apta para habilitar la instancia extraordinaria. Aun cuando eventualmente resultara injustificado el tiempo transcurrido, permanece incólume el segundo argumento vinculado con la falta de acreditación de la imposibilidad de percibir el monto de sus honorarios como consecuencia de la enajenación de los bienes que iban a ser embargados.
Lo común es que nadie va a concurrir a interponer una acción por una tercera persona, sin esperar obtener una retribución por sus servicios.
Las inhabilidades e incompatibilidades de la Ley N° 18.575 deben ser interpretadas restrictivamente por ser una excepción a la garantía del artículo 19 Nº 17 de la Constitución. La relación afectiva no constituye un impedimento, sin perjuicio de que la autoridad de abstenerse de participar en decisiones relativas al profesional contratado.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que no hizo lugar a la demanda.
El máximo Tribunal acogió la acción judicial tras establecer la existencia de relación laboral entre las partes.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primera instancia que acogió la demanda.
El máximo Tribunal acogió el recurso presentado por funcionario de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
