La respuesta del Estado no brinda información sobre la eventual adopción de medidas específicas para proteger a las personas propuestas como beneficiarias. A pesar de que se dieron órdenes internas para realizar medidas de protección, la información disponible indicaría qué estas no se han implementado.

Para el autor, para abordar de manera eficaz los desafíos interrelacionados del trinomio prisión, discapacidad y derechos humanos, es crucial analizar la discapacidad desde la perspectiva de la discriminación.

Los hechos alegados por la parte solicitante, los cuales no resultaron controvertidos por el Estado, y a la luz contexto que atraviesa Nicaragua, son susceptibles de afectar de manera seria los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas propuestas beneficiarias.

La Comisión IDH al momento de elaborar este estudio da cuenta de que en América Latina se registran diversas violaciones al derecho a la libertad de religión y creencia, en conexión con otros derechos humanos, y en relación con distintos grupos en situación de vulnerabilidad.

Ambos órganos promueven la defensa de derechos humanos, pero tienen caminos y atribuciones diferentes. Como la Comisión es un órgano no jurisdiccional, sus resoluciones carecen de obligatoriedad y necesitan de la voluntad política de los Estados para implementarse y alcanzar sus objetivos.

CIDH insta a los Estados miembros de la OEA a erradicar las prácticas médicas que no sean urgentes o médicamente necesarias respecto de las personas intersex, si ellas mismas no consienten dichas intervenciones, tomando en cuenta las consecuencias de estas para el resto de sus vidas.

Existe una estrecha correlación cuantitativa entre la exposición a altas concentraciones de materia particulada (PM10 y PM2,5) y el aumento de la mortalidad o morbilidad diaria y a largo plazo. A la inversa, cuando se reducen las concentraciones de materia particulada gruesa y fina, la mortalidad conexa también desciende, en el supuesto de que los demás factores se mantengan sin cambios.

El Estado chileno tiene el deber de proteger a los manifestantes, por lo que debe adoptar medidas especiales para combatir todas las formas de violencia que se generen en el contexto de protestas sociales.

El daño irreparable consiste en la afectación de derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o una adecuada indemnización.

Durante el 2022 se han registrado alrededor de 11 periodistas muertos.