No se acreditó que las falencias formales denunciadas hayan derivado en la afectación específica, real y concreta de derechos de algún miembro de la comunidad escolar, por lo que la falta debe ser considerada como leve y no como menos grave.
La diferencia radica en que los primeros tienen el carácter de irrenunciables.
En la especie, la actora subsanó los reparos luego que caducara el plazo de dos meses que consagra el Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces.
Si la expropiación recae en tierras indígenas la indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado debe considerar el efecto “desplazamiento territorial” en los términos del Convenio 169 de la OIT.
Las recurrentes dedujeron la acción por haberse iniciado la construcción en un territorio indígena y de interés turístico, supuesto que a su juicio requiere de una declaración o estudio de impacto ambiental.
Se rechaza la excepción de prescripción opuesta por el Fisco el que se encuentra obligado a pagar subsidiariamente las indemnizaciones y prestaciones laborales generadas con ocasión del despido.
Es necesario recuperar los espacios del bien nacional de uso público que transitoriamente se autorizó utilizar, tanto para tránsito peatonal, como vehicular, no apreciándose que este tenga un carácter de arbitrario.
No concurren las infracciones a las normas en que se sustentó el recurso de nulidad, el que no puede prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.
Yerra el sentenciador al rechazar la acción de nulidad deducida por los demandantes, por cuanto poseen legitimidad activa para incoar la acción y las tierras son indígenas, encontrándose prohibida su venta a personas que no posean tal calidad.
El Tribunal debió responder a cada una de las peticiones y no hacer una resolución genérica que no se hace cargo estrictamente de lo pedido.
