Resolvió que las abejas murieron como consecuencia de la aplicación de químicos por parte del demandado y, en esos términos, se ha establecido de manera precisa el daño causado, atribuible causalmente a un hecho culposo del actor, por lo que corresponde el acogimiento de la demanda y la reparación de éste en especie, es decir, restaurando la totalidad de las 187 colmenas del apiario del demandante.
Respecto a la importancia de la diligencia, el ministro Marcelo Hernández dijo que pudieron constatar “los elementos de contexto, la geografía, la fisiografía del terreno y la caracterización visual de los residuos que todavía están presentes en los terrenos”.
Los alegatos finales fueron entregados ante el Primer Tribunal Ambiental, el que deberá determinar si se configura o no el daño ambiental al acuífero de Monturaqui, Negrillar y Tilopozo.
Las medidas contempladas en el acuerdo están asociadas a la recuperación del acuífero y bofedal Lagunillas, así como a la compensación de componentes ambientales y servicios ecosistémicos del lugar.
Cabe recordar que, en octubre de 2020, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)N formuló cargos en contra de Establecimientos de Turismo Aquelarre Ltda. por la ejecución de un proyecto de extracción industrial de áridos en el Fundo Santa Margarita, comuna El Tabo, sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.
La plataforma terminará siendo extraída de la profundidad del mar, llevándose consigo las especies que viven y merodean en el arrecife mencionado. Así, nos encontraríamos ante un atentado contra la naturaleza, ya que se estaría quitando la vida a diversas especies de organismos marinos, muchos de los cuales no podrían vivir en mar abierto.
Los demandantes se vieron obligados a vivir en un entorno contaminado por los desechos acumulados a lo largo de las calles y por los sitios de almacenamiento temporal de basuras. Dicha exposición a residuos, en violación de las normas de seguridad, había hecho a los demandantes más vulnerables a diversas enfermedades. Esta conclusión fue respaldada por diversos estudios científicos. La constatación de la vulneración de derechos constituye en sí misma una satisfacción justa y suficiente para resarcir el daño moral causado.
La multa equivale hoy a más de 7.600 millones de pesos y se funda en la sobre extracción de aguas subterráneas del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, esto pese a la disminución del nivel freático en el sector Tilopozo mayor a 25 centímetros.
El fallo considera la reparación del daño ambiental producido en el Humedal Angachilla y el cese de toda actividad de disposición de tierra, materiales o residuos, y de relleno, secado o drenaje, que se desarrolle en el humedal, sin los permisos respectivos.
La decisión del órgano jurisdiccional tiene como fundamento evitar que en dicho predio se continúen realizando obras de loteo sin los permisos ambientales pertinentes.
Pronunciamiento que se funda en la defensa de los intereses del Estado realizada por el CDE y el principio de coordinación que debe imperar entre los órganos de la Administración.
