El máximo Tribunal sostiene que una ‘justa indemnización’ debe ser necesariamente comprendida como aquella que determine el tribunal conforme al mérito del proceso.
Debido a la falta de medidas preventivas para resguardar la integridad física y salud de la interna frente a sus amenazas de suicidio.
La demandada fue condenada a pagar $30.000.000 a las hijas de la víctima de un accidente del trabajo.
El tribunal de Alzada aumentó la indemnización establecida por concepto de daño moral.
Las medidas adoptadas por la empleadora no fueron suficientes para proteger eficazmente la vida y salud de la actora.
La demandada fue condenada a indemnizar a los actores por daño emergente y daño moral.
El Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad de reparación, porque a ello le obliga el Derecho Internacional.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Juzgado de Policía Local de Coyhaique, aumentando la indemnización por daño moral a $2.000.000.
Aun cuando posteriormente el actor fuese excluido -a su petición- del régimen de protección de testigos, ello no libera al Estado de su deber de haberle prestado la asistencia necesaria durante el período en que el testigo se encontraba efectivamente incluido en el programa.
El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes el fallo impugnado, dictado por el 18° Juzgado Civil de Santiago.
