La indemnización se reconoce a título de daño moral debido a la falta de servicio del establecimiento que derivó en una deficiente atención médica luego de que la madre ingresara para dar a luz. El máximo Tribunal confirmó la decisión de los jueces de fondo de incluir en el pago indemnizatorio a los abuelos del nonato, debido al “notable sufrimiento de ver morir a un ser querido”.

En caso de pérdida de oportunidad el daño que se indemniza no es el material correspondiente al hecho acaecido sino la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera.

El requirente alega que la restricción indemnizatoria no resulta racional y vulnera sus garantías constitucionales.

El Tribunal consideró que hubo actuar negligente en el procedimiento quirúrgico que dejó con secuelas a la paciente demandante.

El máximo Tribunal estimó que, pese a no haber sido emplazado el chofer de la máquina, el articulo 169 de la Ley de Tránsito establece la solidaridad entre éste y el propietario del vehículo, por lo que la demandante tiene la opción de elegir a quien demandar, sin ser una obligación demandar al chofer junto con la empresa propietaria.

La legitimación sustancial de las partes, su calidad o condición de titulares del derecho que invocan, puede y debe ser analizada -aun de oficio- por el juzgador al tiempo de dictar sentencia. En el caso concreto, no surge inequívocamente acreditada la identidad de las demandantes.

El tribunal de primer grado consideró que el padecimiento de la demandante era un indicio de incapacidad, lo que infringió el artículo 58 de la Ley Nº16.744, que exige que tal condición sea declarada por el órgano técnico competente.

En el año 2008 el sentenciado falsificó un acuerdo de pago para eludir el cumplimiento de una sentencia civil que lo condenó a pagar $5.100.000.-, delito de falsificación por el que fue condenado penalmente en 2010, sentencia que interrumpió la prescripción de la acción por responsabilidad extracontractual, por la que finalmente fue condenado al pago de perjuicios materiales y morales.

La “suma asegurada” cumple la función que le es propia cuando la aseguradora hace honor a su obligación en tiempo también propio, esto es, en el tiempo en el que, por haber sido previsto en el contrato o resultar de la ley, es el que las partes han tenido en mira al cuantificar de ese modo el máximo de la indemnización que, llegado el caso, habrá de percibir el asegurado.

La obligación de seguridad consiste, precisamente, en una garantía de indemnidad. Su incumplimiento se produce por la simple existencia del daño en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de otra prueba adicional. Desde el momento en que el consumidor traspasa la línea e ingresa al ámbito de propiedad privada del centro de consumo, comienza a regir el marco tuitivo Constitución Nacional y de la Ley del Consumidor.