Los beneficiarios fungen como virtuales presidente y vicepresidenta, y en dichas calidades representarían el más alto mandato político del país. En ese sentido, esta Comisión estima que el grado de protección que se brinda a través de los esquemas de seguridad deben ser ponderados de cara a los factores riesgos a los que se encuentran expuestas las personas propuestas beneficiarias dado su actual perfil, situación alegada y actual contexto.
Existe un prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua, que ha derivado en la perpetuación de la crisis de derechos humanos en el país, así como en la generación de una situación de impunidad estructural respecto de las graves violaciones cometidas.
Se solicita a Cuba proteger los derechos a la vida e integridad personal del detenido, y garantizar que las condiciones de su cautiverio sean compatibles con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Se constató la existencia de amenazas a su vida e integridad personal, lo que configura una situación de extrema urgencia y un riesgo de daño irreparable.
La amenaza a la integridad de las internas no puede analizarse sin considerar su especial condición en razón de su género y cómo esta categoría afecta aún más sus derechos como personas privadas de libertad.
Es deber de la Administración fundamentar suficientemente sus decisiones, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando el sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que resuelve.
Los hechos que motivan una solicitud de medidas de cautelares no requieren estar plenamente comprobados, sino que la información proporcionada debe ser apreciada desde un estándar prima facie.
Existieron indicios de la participación de agentes estatales en los hechos que habrían llevado a la muerte de Vicky Hernández, la cual, además, no fue investigada con la debida diligencia.
La gestión pendiente incide en proceso civil seguido ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Valparaíso.
