La comisión investigadora tuvo un foco mayor en el accionar del Servicio Médico Legal y del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. Entre las conclusiones se acusan negligencias y falta de documentación conductora en el traslado de las osamentas.
Se configuran los elementos de la desaparición forzada, pues la víctima se encontraba ejerciendo sus funciones como soldado en el Ejército colombiano y al momento de los hechos el Estado tenía posición de garante. Además, se probó que fueron agentes estatales quienes estuvieron involucrados en su desaparición y hasta el momento el Estado no ha proporcionado una explicación satisfactoria sobre su paradero.
Con el propósito de prevenir un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas previo a examinar la solicitud de medidas provisionales y las observaciones a la misma, esta Corte estima necesario ordenar al Estado de Guatemala que se abstenga de ejecutar la decisión del tribunal nacional.
El hábeas corpus no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que le incumben, respecto de las cuales, en caso de existir agravio constitucional, cabe la interposición de los recursos de ley.
Tras más de cuatro décadas, la falta de esclarecimiento de la desaparición alteró el proceso de duelo, perpetuando el sufrimiento y la incertidumbre de la familia. Estas afectaciones se proyectarán en el tiempo mientras persistan los factores de impunidad y la falta de esclarecimiento del paradero final de la víctima desaparecida. La violación del derecho a la verdad constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos.
Tratan de la pena de muerte, personas en situación de migración o refugio, personas en situación de desplazamiento, desaparición forzada y libertad personal.
En el documento, las y los diputados resaltaron los hechos certificados en las distintas comisiones que buscaron la verdad, la reconciliación y la justicia, todo ello, en miras de cumplirse, en 2023, 50 años del golpe militar.
El estado de Ecuador aceptó los hechos y reconoció su responsabilidad internacional.
La finalidad del habeas corpus es la de subsanar, de una manera rápida y eficaz, la agravación de las condiciones de encarcelamiento, corrigiendo el modo en que se cumple la detención cautelar o pena si éste es violatorio de las condiciones mínimas de encierro.
La Comisión consideró que el Estado de Ecuador había violado las garantías protección judiciales de Fredy Núñez Naranjo por la falta de debida diligencia en la investigación de los hechos relacionados con su desaparición forzada.
