El hecho es de gravedad suficiente para determinar el despido dado que la causación de daños intencionados para que el producto no pueda ser objeto de reparación y así favorecer al cliente, entraña un intento de fraude manifiesto al seguro y una conducta no admisible para el empleador, resuelve tribunal español.

El actor debió haber acudido a la vía judicial en defensa de sus derechos, y no incumplir el contrato de trabajo, ya que la única forma de reivindicar sus derechos en este marco es mediante el ejercicio del derecho de huelga o por vía judicial, y no con medidas de presión encubiertas que no están amparadas por norma legal alguna, sino que son objeto de sanción conforme a la normativa.

No puede deducirse que la empresa demandada haya cumplido las exigencias legales y jurisprudenciales a las que se ha hecho referencia para destruir los indicios de vulneración de derechos fundamentales aportados de contrario. Ha de concluirse que se ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación del trabajador.

No hay ningún reproche al trabajo del recurrente, no se pone en duda el resultado final de su prestación y, en buena lógica de existir defectos o falta de rendimiento habrían sido descritos en la carta de despido y acreditados en la prueba, lo cual no ocurrió.

Si bien la proporcionalidad entre el incumplimiento y la medida sancionatoria queda sujeta a la ponderación judicial, este ejercicio debe efectuarse considerando parámetros verificables, que nos aproximen a las nociones de adecuación, necesidad y proporcionalidad.

Lo resuelto no trasgrede el principio de igualdad, ya que si bien todas las personas somos iguales ante la ley, este derecho no tiene un carácter absoluto. No cabe duda de que las personas que integran los cuerpos policiales no están en igualdad de condiciones con personas trabajadoras, cuyas funciones no resguardan la vida de otras ni implican el uso de armas.

Los hechos denunciados son de evidente y relevante gravedad lo que justifica la decisión empresarial tomada de despedir disciplinariamente a la trabajadora, como pone de manifiesto la sentencia recurrida, y como consta en la carta de despido que se da por reproducida en el hecho probado. No procede en este caso la aplicación de la teoría gradualista.

No cabe identificar la negativa del demandante a vacunarse con indisciplina o desobediencia en el trabajo pues la vacunación es un derecho del ciudadano que ninguna norma impone. La autonomía del paciente es un principio informador de las actuaciones en el ámbito de la sanidad, de acuerdo con el conjunto de preceptos que recoge la normativa.

Los hechos se encuentran debidamente acreditados: realizar movimientos incompatibles con la situación de baja por incapacidad de la actora con lumbalgia, a través de la plataforma Tik-Tok. Aquella situación supone una transgresión cierta de la necesaria buena fe contractual que prescribe la norma, alargando de forma innecesaria su situación de baja, con los perjuicios que ello puede ocasionar a su empleadora.

Lo expuesto evidencia un apartamiento de las reglas que gobiernan la carga de la prueba. El tribunal se apartó de las constancias de la causa y valoró los hechos y la prueba en forma fragmentaria y aislada, prescindiendo de una visión de conjunto y de la necesaria correlación de todo ello con otros elementos indiciarios. De tal suerte que se configura un supuesto de arbitrariedad que habilita la vía extraordinaria.