El requirente alega que las normas legales objetadas infringen el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que impide apelar la tasación del valor de la propiedad una vez que fue aprobada, sin que se tome en consideración el valor fiscal actual del inmueble.
Es en el proceso arbitral donde debe revisarse si la solicitud de embargo de bienes y la resolución que lo dispone afectan derechos de terceros en la fase de ejecución del fallo, conforme dispone el artículo 233 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil.
El órgano se negó a inscribir una escritura de compraventa, acusando la existencia de un embargo que fue notificado e inscrito al margen del título en una fecha posterior a la solicitud, restando preeminencia a la anotación presuntiva del repertorio, infringiendo con tal acto los artículos 13 y 14 de su propio reglamento.
El Juez de primera instancia rechazó la designación de un inmueble para ser embargado por tener un valor considerablemente superior al crédito adeudado, sin embargo, la Corte revocó esa decisión, por haber sido resuelta de plano.
Vulnera la garantía de igualdad ante la ley, situación que aparece agravada por cuanto dentro de las habitantes del inmueble había dos menores de edad y una persona mayor.
La requirente alega que la medida es desproporcionada y atenta contra el derecho a la educación y el derecho de propiedad.
El requirente alegó que retener dichos dineros a través de un embargo vulnera las garantías fundamentales de los alumnos de dicho establecimiento.
El requirente alega que la medida atenta contra su derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación.
Acreedor señaló bienes para la traba luego de tres años de decretado el embargo, en el periodo intermedio, solicitó el desarchivo y copia de las piezas del proceso, actuaciones que el máximo Tribunal consideró como no aptas para perseguir el cumplimiento forzado de la obligación, confirmando el abandono del procedimiento.
Tercerista de pago pretendía embargar un porcentaje de derechos que no le pertenecían al ejecutado respecto de un inmueble, y frente al rechazo del tribunal y los jueces de fondo acusó infracción de las normas reguladoras de la prueba.
El requirente alega que la medida resulta arbitraria y pone en riesgo su funcionamiento, afectando el derecho a la libertad de enseñanza y educación.
