El máximo Tribunal estimó que el recurrido no notificó al actor de la forma establecida por la Ley Nº19.880, vulnerando la igualdad ante la ley y lo privó de ejercer su derecho al recurso ante sus oficiales superiores, y ordenó retrotraer el procedimiento al estado anterior a la notificación de las resoluciones impugnadas.
Corresponde a la Comisión de Salud del Senado pronunciarse sobre la moción que pasa a cumplir su tercer trámite constitucional.
La iniciativa apunta a auxiliar el pasar económico de una persona o familia que vive una situación apremiante debido a una enfermedad de alto costo u otra razón calificada.
El proceder de la institución recurrida implicó el desempeño de una facultad de forma simplemente potestativa.
El actuar de las recurridas es arbitrario y amenaza la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, pues le niegan el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia de la actora.
El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal de la administradora de fondos, al contravenir el ordenamiento jurídico vigente que, desde la publicación de la Ley N°21.309, en casos excepcionales autorizar el retiro anticipado, por medio del recálculo de la pensión de afiliados y pensionados calificados como enfermos terminales.
No obstante, las partes pueden acordar una medida alternativa de cumplimiento, entre ellas, la prestación de servicios a distancia o teletrabajo.
El Tribunal ordenó al Hospital Regional de Antofagasta pagar una indemnización de perjuicios de $70.000.000 por concepto de daño moral al demandante.
