Lo que realmente plantea el recurso es la disconformidad del recurrente con la forma en que los sentenciadores del grado dieron por establecidos los hechos constitutivos de la falta de servicio.
La Corte determinó que existió falta de servicio de parte del municipio.
El peligro en la demora está suficientemente acreditado, atendido el desamparo en el que se encuentra el menor, ante la pérdida de su padre y los daños irreparables que se producirían de no contar con su manutención.
Si bien las ambulancias están autorizadas para infringir la ley del tránsito en circunstancias de emergencia, el chofer sí es culpable por omitir las precauciones necesarias para evitar un mal mayor al que pretendía evitar.
La iniciativa busca establecer y delimitar cuándo el actuar del Estado, deviene en responsabilidad en daños materiales y patrimoniales, o en perjuicios físicos o morales que deban ser indemnizados.
Los senadores Huenchumilla y Quintana impulsaron esta iniciativa que precisa el alcance del concepto “falta de servicio” de modo que tanto víctimas de la violencia estatal, como aquellos actos de violencia no protagonizados por el Estado sean objeto de compensaciones por daños físicos, morales, materiales o patrimoniales.
La infracción a la lex artis quedó acreditada en tanto el Hospital no siguió los protocolos que rodean el proceso de esterilización, permitiendo que elementos no estériles ingresaran a los pabellones quirúrgicos.
Los razonamientos del sentenciador deben observar claridad, congruencia, armonía y lógica.
Existieron antecedentes que justificaron el actuar de las recurridas, lo que lleva a descartar un error injustificado o arbitrariedad de su parte.
El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Antofagasta, solo en cuanto al rechazo de la demanda interpuesta por los padres, y en su lugar se declara que el demandado queda condenado a pagar a cada uno de ellos la suma de $10.000.000 por concepto de daño moral.
