La querellada no tuvo el ánimo de afectar el honor de la querellante, lo que impide establecer que las expresiones se hayan proferido “en” descrédito, menoscabo o menosprecio de la querellada tal como se exige para la configuración del delito de injurias, refiere el voto en contra.
En la sentencia, el magistrado acogió parcialmente la acción, tras establecer que la demandante, quien se desempeñaba como cirujana en el recinto asistencial de alta complejidad, fue víctima de maltrato laboral entre 2020 y 2022.
El municipio de San Carlos interpuso la acción cautelar en favor de una funcionaria del SENDA que expuso ante el Consejo Municipal, y dicha ponencia -de carácter público- fue dada a conocer por un medio de comunicación online de la comuna. El recurrente estimó como vulneradas la honra e imagen de la funcionaria, no obstante, carece de legitimidad activa pues es la propia afectada quien debió comparecer ante la magistratura.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional y ordenó al recurrido abstenerse de hacer publicaciones agraviantes como las que motivaron el recurso.
La Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar y le ordenó a la recurrida proceda a eliminar de Facebook, todo comentario y expresión directa e indirecta y abstenerse de incurrir nuevamente en dichas conductas por cualquier medio de comunicación social, redes sociales u otra forma de difusión masiva.
Las cuestiones vinculadas con los abusos de menores revisten esencial trascendencia para la vida común, por lo tanto, para asegurar la circulación de este tipo de información, es necesaria la protección especial de la prensa.
La actora no acreditó las amenazas relatadas en el libelo.
El Tribunal acogió la acción, tras establecer que el actuar de la institución policial vulneró los derechos fundamentales de la trabajadora.
Se trata de un discurso especialmente protegido por ser de interés público, reivindicar el derecho de las mujeres y luchar contra la violencia de género.
El excesivo rigor y la intolerancia llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información imprescindible para tomar decisiones sobre sus representantes.
Es necesario restringir la libertad de expresión del recurrido en tanto sus expresiones constituyen actos de discriminación que reproducen la violencia estructural contras las mujeres en razón a su género u orientación sexual.
