El máximo Tribunal anuló de oficio la decisión de la magistratura del fondo que acogió una demanda de precario, al observar que los jueces no consideraron la relación sentimental que existió entre el anterior dueño del predio y la demandada, de la cual nacieron dos hijas en común y que viven junto a ella en la propiedad; por lo tanto, la ocupación acusada era conocida y tolerada.
El demandante fue torturado por agentes del Estado entre el 14 de septiembre de 1973 hasta diciembre de aquel año. El máximo Tribunal enfatizó que la obligación de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, se impone a las instituciones de derecho interno -como la prescripción extintiva-, por lo que un Estado no puede invocar su legislación interna para eximirse de cumplir con dicha obligación, que una norma de Ius Cogens de Derecho Internacional le impone.
La demandada celebró en 2009 un contrato de leasing con el anterior dueño, título que fue inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, por lo tanto, la ocupación del inmueble no es por mera tolerancia del demandante, sino fundada en un título válido.
El artículo 13 de la Ley Nº20.027 establece que las deudas contraídas con ocasión del Crédito con Aval del Estado no prescriben, independiente de la cantidad de cuotas en que se haya emitido el pagaré en favor del deudor.
La Comisión para el Mercado Financiero omitió la notificación a los terceros interesados, incumpliendo el mandato del artículo 20 de la Ley de Transparencia. El máximo Tribunal invalidó la resolución recurrida, acotando la información que debe entregarse al peticionario, al considerar que a los terceros se les vulneró el derecho al debido proceso.
La Corte de Valparaíso revocó el fallo de primer grado que rechazó la demanda principal de reivindicación y acogió una reconvencional de prescripción adquisitiva, y en su lugar, acogió la reivindicación; decisión que fue anulada de oficio por el máximo Tribunal, al observar que los jueces de fondo no consideraron la prueba que evidenciaba la falta de individualización de la porción que intentaba reivindicar el demandante, y que el demandado poseía de buena fe por más de cinco años.
El ejecutado opuso la excepción de prescripción de la acción cambiaria, al transcurrir más de un año desde que la deuda se hizo exigible y la notificación de la demanda, pero el máximo Tribunal estimó que la titularidad de la deuda corresponde al Fisco, por ende, en atención al artículo 13 inciso segundo de la Ley Nº20.027 no prescribe su cobro.
El actor fue detenido en 1973 y liberado en 1978, tiempo en el que fue torturado por agentes del Estado. El máximo Tribunal anuló de oficio la sentencia que redujo el monto indemnizatorio a 40 millones, al estimar que la magistratura no explicó el razonamiento para tal disminución de la reparación, y confirmó el fallo de primer grado que ordenó el pago de 120 millones a título de daño moral.
El máximo Tribunal anuló de oficio la sentencia al observar que la magistratura infringió el principio de congruencia, pues luego de acreditar la existencia de un monto pactado entre las partes desestimó la acción de cobro por un error formal en el monto pedido en el libelo, situación que evidencia una falta de consideraciones de hecho y de derecho que justificaron el fallo.
Anuló de oficio la sentencia de alzada que confirmó la de primera instancia que otorgó la servidumbre, con declaración de que el plazo será de 40 años. Los jueces de fondo no expusieron el razonamiento que los llevó a conceder tal cantidad de tiempo, en circunstancias que el Fisco cuestionó la existencia de proyectos mineros en el predio afectado, configurándose un vicio de nulidad formal por la falta de justificación del fallo.
El máximo Tribunal observó que la magistratura erró al considerar prescrita la acción de cobro, debido a que no transcurrieron los 3 años de plazo indicados en los artículos 2514 y 2521 del Código Civil, contados desde la fecha en que la cuota del crédito se hizo exigible en 2019.
