La magistratura estimó que la empresa no adoptó las medidas de seguridad necesarias, para cumplir con su deber de resguardo respecto del vehículo del demandante, que sufrió el robo de un instrumento de medición desde su camioneta mientras el vehículo se encontraba estacionado en dependencias de la demandada.
El demandante compró una camioneta que presentó en cinco ocasiones la misma avería, derivada de un defecto de fabricación. Ambos demandados -vendedora y servicio técnico- deben responder solidariamente por el pago del valor del vehículo, así como por el daño moral causado al consumidor.
La Séptima Sala del tribunal de alzada consideró que no operó la excepción de cosa juzgada respecto de sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda presentada por el Sernac y que declaró nulas las cláusulas décima y undécima, mas no la octava, de los contratos de adhesión para el uso de instalaciones recreativas del club.
El local acreditó que el consumidor dejó la mochila encima del mesón de custodia y no siguió con el procedimiento de rigor con que operan los servicios de custodia.
El bus tuvo un desperfecto en medio de la Carretera Austral.
El banco debía acreditar que las transacciones desconocidas por la consumidora efectivamente fueron realizadas por ella.
En una de las cláusulas se estableció que, si la compradora no celebraba el contrato definitivo, la inmobiliaria podría retener lo pagado inicialmente y dar por resuelto el contrato de pleno de derecho.
Se concluye finalmente el proceso seguido –en sede de libre competencia- en contra de las coludidas empresas productoras de carne de pollo por afectación al interés difuso de los consumidores nacionales.
En el ámbito civil, el Tribunal determinó que el estatuto de responsabilidad aplicable era el extracontractual, ya que el perjuicio emana de la infracción de normas legales, que no es otra cosa que la comisión de un hecho ilícito.
La denunciada alegó que no era aplicable el estatuto de protección del consumidor, argumento que fue desestimado por el Tribunal, que determinó que las concesionarias adquieren obligaciones que se enmarcan en la Ley N° 19.496, en virtud del contrato de peaje.
