El Juzgado de Policía Local se declaró incompetente, luego de constatar que el artículo 2 letra e) de la Ley N° 19.496, establece su aplicación para los contratos de compraventa suscritos con inmobiliarias, y no para los contratos preparatorios, lo que se rigen por las reglas generales del derecho civil.
La Corte determinó que la conducta descuidada del cliente excedió los límites de los protocolos y controles de seguridad a los que está obligado al banco, puesto que el fraude se concretó sin vulneración a las redes propias de la institución financiera, sino que con la entrega de claves.
El jardín denunciado desmintió todas las acusaciones sobre el supuesto castigo que se le habría impuesto a los menores por orinarse, hecho que no fue acreditado por la madre denunciante.
La Corte rebajó el monto indemnizatorio establecido por la jueza a quo luego de determinar que el actor no presentó evidencia que permitiera avaluar los bienes extraviados en el monto demandado.
Atendido que el proveedor corrigió las observaciones realizadas por el SERNAC en una fiscalización, y que ese servicio no constató dicha corrección en más de 2 años, el Tribunal decidió sólo amonestar a la empresa denunciada, por considerarlas circunstancias favorables a esta última.
Dicha omisión configura una infracción al artículo 3° letra b) de la Ley del Consumidor, toda vez que incumplió su obligación de otorgar información veraz y oportuna al consumidor.
El demandado no puede ser considerado un proveedor de servicios en los términos que establece la Ley del Consumidor, esto porque no se encuentra acreditado en la causa que su actividad le reporte algún beneficio económico.
El artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.855 establece la obligación de las instituciones financieras de otorgar la escritura de alzamiento de hipoteca y gestionar su cancelación en el Conservador dentro del plazo máximo de 3 años, cuando los créditos garantizados estuvieran íntegramente pagados.
No puede eximirse del deber de custodia sobre los vehículos estacionados aun cuando alegue que el sector de estacionamientos sólo fue construido para dar cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
El Juzgado de Policía Local había acogido la demanda de perjuicios tanto por daño moral como por daño emergente, sin embargo, en alzada la Corte desestimó el resarcimiento del primero por no haber sido acreditado.
