La acción de protección no es la vía idónea para resolver el asunto planteado, pues requiere una declaración previa de derechos y obligaciones en un juicio de lato conocimiento, no existiendo en consecuencia, derechos indubitados que cautelar.

La buena fe permite a la consumidora confiar en la veracidad de la información entregada por el Banco y sus dependientes, por lo que resulta entendible que haya firmado una promesa de compraventa a instancias de lo comunicado por su ejecutivo, que garantizó vía correo la aprobación de un crédito hipotecario.

El Tribunal de segunda instancia confirmó la decisión que condenó a la empresa denunciada, con declaración de que se impone una multa por cada infracción cometida.

Al imputar la infracción legal de publicidad engañosa, el SERNAC incurre en una confusión de conceptos, puesto que lo que se promociona como ilimitado era la capacidad de datos medidos en gigas, y no la velocidad de navegación que se mide en megas.

La consumidora afectada ejerció su derecho de opción dentro del término contemplado en el artículo 21 de la Ley N°19.496, y cumplía los requisitos para poder optar por la devolución del dinero.

La garantía legal por productos defectuosos está comprendida en los artículos 20 y 21 de la Ley N°19.496, y da la posibilidad de optar al consumidor por la reparación del producto, la reposición por uno nuevo o la devolución del precio pagado.

El Tribunal de segunda instancia rebajó la multa impuesta por infracción a la Ley del Consumidor, por estimar que no se condice con la gravedad de los hechos ni toma en cuenta la conducta posterior del proveedor, que finalmente devolvió el precio de la compra.

El SERNAC fundó su denuncia en los mismos hechos establecidos por la SEC en su procedimiento sancionador, ante lo cual el Tribunal declaró su incompetencia por haberse resuelto el asunto aplicando una ley especial, con sujeción al principio del non bis in idem.

La materia y el sujeto son dos elementos fundamentales para determinar si el asunto debe ser resuelto en sede federal o provincial: el primero tiene el propósito de afirmar atribuciones del gobierno federal en las causas relacionadas con la Constitución, tratados y leyes nacionales; el segundo procura asegurar la imparcialidad de la decisión y la armonía nacional.

El actuar de la empresa denunciada infringió los deberes de seguridad en el consumo y de cumplimiento de lo convenido en el contrato, dispuestos en los artículos 3 letra d) y 12 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor.