Se concluye finalmente el proceso seguido –en sede de libre competencia- en contra de las coludidas empresas productoras de carne de pollo por afectación al interés difuso de los consumidores nacionales.
En el ámbito civil, el Tribunal determinó que el estatuto de responsabilidad aplicable era el extracontractual, ya que el perjuicio emana de la infracción de normas legales, que no es otra cosa que la comisión de un hecho ilícito.
La denunciada alegó que no era aplicable el estatuto de protección del consumidor, argumento que fue desestimado por el Tribunal, que determinó que las concesionarias adquieren obligaciones que se enmarcan en la Ley N° 19.496, en virtud del contrato de peaje.
El actor basó su arbitrio en que el proveedor había anulado unilateralmente la compra realizada, sin embargo, el Tribunal constató que, en la instancia administrativa ante el SERNAC, expresó su conformidad con la solución ofrecida por la tienda.
El ordenamiento jurídico considera un sistema dual para conocer ese tipo de conflictos, el primero, a través de la justicia arbitral según las reglas del Código de Comercio, y el segundo, mediante la aplicación de la Ley del Consumidor.
Además de la Ley N° 19.496, las Leyes N° 20.009 y 21.234 también regulan la materia, todas las cuales llevan al mismo procedimiento ante el Juzgado de Policía Local.
El recurrente alegó que, a falta de norma en la Ley N° 19.496, resultaba aplicable el artículo 33 de la Ley N° 18.287, que establece que son inapelables las sentencias definitivas dictadas en procesos por simples infracciones a la Ley del Tránsito que sólo impongan multa.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el 29º Juzgado Civil de Santiago, que ordenó, además, a las demandadas el cese de la conducta infractora, en el sentido de que en lo sucesivo, cada vez que se ejecute el proceso de migración, se deberá entregar información veraz y entendible a los consumidores, con especial énfasis en los costos asociados.
El SERNAC demandó colectivamente a una empresa inmobiliaria por incluir cláusulas abusivas en contratos firmados por los consumidores con sociedades filiales de la demandada pero que no fueron emplazadas en juicio, por lo que se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la empresa.
El Juzgado de Policía Local se declaró incompetente, luego de constatar que el artículo 2 letra e) de la Ley N° 19.496, establece su aplicación para los contratos de compraventa suscritos con inmobiliarias, y no para los contratos preparatorios, lo que se rigen por las reglas generales del derecho civil.
