Según los artículos 3 letras d) y 23 de la Ley del Consumidor, y en especial atención al giro del proveedor, entre otros, la custodia de valores, el banco debe contar con sistemas de seguridad y vigilancia para evitar la comisión de delitos, ya que ello constituye una exigencia mínima del deber de seguridad.

El conflicto propuesto es de índole contractual por lo que debe ser resuelto en un procedimiento de lato conocimiento y no mediante la vía cautelar de urgencia que representa el recurso de protección.

Lo que se recrimina a la empresa proveedora no es la autoría en los delitos de estafa sufridos por la denunciante, sino que la falta de resguardos o medidas de seguridad para impedirlas, pues el sistema implementado no resistió las acciones que llevaron a la obtención y utilización de la tarjeta de crédito.

El plazo de prescripción de la acción infraccional dispuesta en la Ley N°19.496 es distinto del plazo para la acción indemnizatoria, por lo que esta última no se encuentra prescrita. Sin perjuicio de eso, estimó como no acreditados los perjuicios acusados.

La acción civil sólo puede ser conocida por la justicia ordinaria cuando se persigue el interés difuso o colectivo.

En el primer acápite de la demanda se denuncia el incumplimiento contractual, el que consistiría en que Administradora Alto Mantagua S.A. cerró sus dependencias en el mes de mayo de 2014 , según lo establece el informe de daños emitido por el SERNAC; documento que fija como daño por dicho cierre la suma de 0,15 UTM para cada consumidor.

El razonamiento que llevó a los sentenciadores a revocar el fallo de primer grado no se relacionó con la valoración de los elementos de convicción a la luz de las reglas de la sana crítica sino que estriba en establecer si las disposiciones invocadas por los actores podían ser invocadas para reclamar la responsabilidad infraccional y civil que asistía a la referida entidad educacional.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencias del grado que acogieron la demanda contra la empresa Needish Limitada o Groupon.

El máximo Tribunal descartó infracción en la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que acogió la acción y estableció la responsabilidad de la concesionaria en el caso de un accidente provocado por combustible en la vía.