La magistratura hizo lugar a una demanda de precario, entablada contra un particular que usurpó una de las edificaciones de la empresa estatal, fundado en que “se la entregó materialmente una fundación educacional”, lo que en la especie no constituye nexo jurídico alguno que habilite la ocupación del sitio.
La titular de la minera puede ser multada con más de $4.500 millones de pesos.
La titular de la minera puede ser multada con más de $9.800 millones de pesos.
La empresa se expone a multas de más de $7.400 millones de pesos.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, que confirmó la resolución de multa dictada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
El Tribunal de alzada desestimó que la sentencia recurrida, pronunciada por el Juzgado de Letras de Diego de Almagro, se haya dictado con infracción de ley.
La iniciativa, cuyo objetivo es mejorar el sistema de gestión y tratamiento de aguas del acuífero La Coipa, tiene una vida útil estimada de 62 años y fue rechazada porque a juicio del SEA, la empresa no habría presentado algunos antecedentes durante el proceso de evaluación ambiental.
El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la superintendencia recurrida al aplicar la sanción reclamada.
En virtud de su competencia conservativa la Corte puede adoptar todas las medidas conducentes para otorgar la debida protección a quienes han visto amagados sus derechos, aun cuando su origen sea indeterminado.
El máximo Tribunal desestimó el recurso al considerar que la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, hizo una correcta interpretación jurisprudencial al acoger la demanda y ordenar el pago solidario.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el 5° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda al no identificarse en la especie las franjas de terrenos en los que procedería el cobro reclamado.
