La requirente alega que la norma objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual repartición de las cargas públicas y el derecho de propiedad, ya que el MOP la instó a no detener la construcción de las obras del Aeropuerto pese a la pandemia del COVID-19 como si se estuviera frente a tiempos de absoluta normalidad.
Se negó a inscribir los documentos que justifican el incremento en la superficie del predio y pidió al actor probar la forma en que llevó a cabo el aumento, requisito calificado como improcedente por el máximo Tribunal, al considerar que el Conservador excedió las facultades establecidas en el artículo 13 de su propio Reglamento.
La fijación de un plazo para corregir las observaciones de la Comisión de Recepción Provisoria, no obsta a la aplicación de las multas establecidas en el artículo 28 del Decreto N°108 de 2009 del MOP, para el caso de los atrasos en alguna de las etapas de las obras acordadas bajo este mecanismo.
Por años el municipio, el Gobierno Regional, y los vecinos del sector de la Avenida Presidente Salvador Allende solicitaron al recurrido medidas concretas para disminuir la alarmante tasa de accidentes producidos por vehículos de alto tonelaje que ingresan por el sector.
Esto, con ocasión de la crisis sanitaria, y en atención a las facultades que el artículo 18 del DS N°66 le otorga al Ministerio de Obras Públicas en casos excepcionales.
No se requiere de declaración formal para que un sitio sea considerado “monumento arqueológico”. De revestir las características descritas en el artículo 1 de la Ley N° 17.288, por el solo ministerio de la ley son propiedad del Estado y el Consejo debe adoptar las medidas necesarias para su resguardo.
La instancia parlamentaria se encuentra ad portas de votar sus conclusiones finales, documento que será informado y puesto a disposición de la sala de la Corporación.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, la cual aplicó el criterio jurisprudencial del máximo Tribunal.
La Corte de Santiago declaró inadmisible el recurso.
El máximo Tribunal acogió parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios deducida por la empresa constructora Cónsul S.A. y ordenó al MOP pagar la suma de $217.319.252 por concepto de obras ejecutadas, pero no canceladas.
