Al existir trabajo en régimen de subcontratación, el mandante de la obra no puede sustraerse de la responsabilidad que le compete en exigir a la empresa contratista el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales hacia sus trabajadores, según lo establecen los artículos 183-A y 183-B del Código del Trabajo.
Esto, con ocasión de la crisis sanitaria, y en atención a las facultades que el artículo 18 del DS N°66 le otorga al Ministerio de Obras Públicas en casos excepcionales.
No se requiere de declaración formal para que un sitio sea considerado “monumento arqueológico”. De revestir las características descritas en el artículo 1 de la Ley N° 17.288, por el solo ministerio de la ley son propiedad del Estado y el Consejo debe adoptar las medidas necesarias para su resguardo.
La instancia parlamentaria se encuentra ad portas de votar sus conclusiones finales, documento que será informado y puesto a disposición de la sala de la Corporación.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, la cual aplicó el criterio jurisprudencial del máximo Tribunal.
La Corte de Santiago declaró inadmisible el recurso.
El máximo Tribunal acogió parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios deducida por la empresa constructora Cónsul S.A. y ordenó al MOP pagar la suma de $217.319.252 por concepto de obras ejecutadas, pero no canceladas.
