Los jueces no tienen obligación de expedirse sobre todas y cada una de las alegaciones vertidas por las partes, sino sólo sobre las que resulten conducentes para la dilucidación del pleito.

A las partes querellantes se les otorgó un plazo de cinco días para que corrigieran los vicios formales respecto de los hechos contenidos en la acusación con relación a los hechos que se mencionan en la querella, pero no dieron cumplimiento a lo solicitado por el tribunal.

El máximo Tribunal anuló de oficio la sentencia al observar que la magistratura infringió el principio de congruencia, pues luego de acreditar la existencia de un monto pactado entre las partes desestimó la acción de cobro por un error formal en el monto pedido en el libelo, situación que evidencia una falta de consideraciones de hecho y de derecho que justificaron el fallo.

La observancia del principio de congruencia exige una rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, el objeto y la causa que individualizan la pretensión y la opinión. En lo que concierne al objeto, este principio requiere que el juez emita pronunciamiento, total o parcialmente positivo o negativo.

El ad quem no analizó el argumento esgrimido por la beneficiaria en su recurso de apelación, donde solicitó se tome en consideración su condición de madre soltera de una menor de edad y único sustento para la manutención de esta, que le impidió haber pagado en su integridad la reparación civil, aunque sí parcialmente.

Si bien los informes fueron incorporados con posterioridad al cierre de la investigación, habían sido solicitados durante la investigación, y agregados con antelación a la audiencia de preparación de juicio oral, de tal manera que la defensa contó con la posibilidad de examinarlos, y objetar su contenido.

La jurisdicción de los tribunales revisores está limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria. En caso contrario incurrirán en conducta arbitraria.

El máximo Tribunal anuló sentencia del TOP de Iquique, pues se dio por acreditado el dolo de un delito que no fue alegado por los acusadores.